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La exedila de Ponteareas Belén Villar rechaza declarar por la petición de anular escuchas y reitera su inocencia

Afirma que todo lo que hizo fue "por el bien de Ponteareas" y contaba "siempre con informes favorables de los técnicos"
La exconcejala de Hacienda de Ponteareas (Pontevedra) Belén Villar (PP), investigada en el marco de la 'Operación Patos' en relación con supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar, a raíz del proceso de petición de nulidad de las escuchas telefónicas iniciado en la pieza principal de Vigo.
Así lo ha comunicado en declaraciones a Europa Press a la salida de los juzgados, donde estaba citada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas --que asume la pieza separada de esta localidad-- a las 10:00 horas y donde ha permanecido en la sala durante poco más de 10 minutos, al no hacer declaraciones "por consejo" de su abogado.
"En un principio mi abogado considera que no es el momento de declarar y vamos a esperar", ha explicado en referencia a que se resuelva la petición de varios letrados de anular las escuchas telefónicas al constructor Enrique Alonso Pais. No obstante, la exedila ha refrendado que no tiene "ningún inconveniente en declarar ahora o más adelante".
Así las cosas, ha subrayado a Europa Press que "todo de lo que se --le-- está acusando no --considera-- que sea correcto", y ha refrendado que lo que hizo ella en el Ayuntamiento "ha sido por el bien de Ponteareas y de los vecinos" y además todas sus actuaciones se han respaldado "siempre con informes favorables de los técnicos municipales".
Por su parte, también fue citada para declarar a las 12,00 horas de este lunes la secretaria municipal, quien ha permanecido en la sala de vistas declarando durante aproximadamente una hora, si bien ha rechazado hacer declaraciones a los medios a su salida de los juzgados.
PIEZA DE PONTEAREAS
Estas comparecencias se enmarcan en una de las piezas separadas de la causa principal de la Operación Patos, que está a cargo de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, María del Carmen García Campos, quien también se encarga de la pieza separada de Nigrán, pero que se inhibió en juzgados de Ponteareas, Ourense, Pontevedra y Santiago, para que se encarguen de la parte relativa a esos partidos judiciales.
En la misma pieza separada de la Operación Patos en Ponteareas, además de Belén Villar y la secretaria municipal, se encuentran como investigados el exalcalde de Ponteareas, Salvador González Solla (PP), quien ya inició sus declaraciones pero tendrá que continuarlas el próximo 21 de marzo, así como la interventora, María Celia S.P. y los funcionarios municipales Germán A.G., Zaida L.V., y Alejandro D.D.
En su día, González Solla respondió a las cuestiones relacionadas con la adjudicación del mantenimiento de la ETAP a Aquagest, uno de los procedimientos investigados en esta pieza separada de la Operación Patos, y a su salida del juzgado proclamó su inocencia ante los medios, y aseguró que siempre había actuado con "informes favorables" y que no había recibido regalos a cambio de favorecer a empresas.
INVESTIGACIÓN
La UDEF ha centrado sus investigaciones, entre otros asuntos, en la adjudicación de la gestión y mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) a la empresa Aquagest. Según se recoge en sus informes, esta adjudicación se hizo "por la vía del hecho", "sin licitación ni procedimiento administrativo legal alguno".
Así, pone de manifiesto que, en las conversaciones telefónicas intervenidas, la propia Belén Villar admite, hablando con el gerente de Eiriña (el también imputado Enrique Alonso Pais), que el alcalde entonces, Salvador González Solla, tiene un "desmesurado interés" por que se adjudique ese contrato a Aquagest.
Por otra parte, la Policía también ha investigado supuestas irregularidades en la tramitación de una subvención de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para la que se habrían falsificados documentos. Según la UDEF se justificaron obras como realizadas "con medios propios del Ayuntamiento" cuando, en realidad, "las ha realizado una empresa privada".
En este caso, además, la Policía cree que pudo haber un delito contra la Hacienda Pública, porque las obras subvencionadas --en las inmediaciones del río Tea-- recibieron fondos de la UE.
En el sumario también se apunta a otras supuestas actuaciones delictivas, como la justificación de gastos del Centro de Día que, en realidad, son "ficticios"; las gestiones de la exedila Villar para favorecer la contratación de ciertas personas, para retirar multas o para "ocultar" posibles acciones delictivas de un funcionario --investigado por cobro irregular de la tasa municipal de las terrazas--.