Posada templa las quejas del PSOE sobre Alaya y recordará al Supremo que debe canalizar los escritos de jueces

La juez instructora de los ERE fraudulentos en Andalucía envió este lunes con dos guardias civiles un requerimiento al Palacio de la Carrera de San Jerónimo tras no haber localizado en sus respectivos domicilios a los diputados socialistas implicados en el caso Manuel Chaves y José Antonio Viera.

Un requerimiento que Posada ha devuelto, sin abrir el sobre que lo contenía, a la propia Alaya, recordándole públicamente que el cauce adecuado para trasladar cualquier asunto judicial que afecte a diputados es el Tribunal Supremo, pues son aforados.

Este escrito de Alaya fue debatido este martes en la reunión de la Mesa del Congreso, ya que los representantes socialistas Javier Barrero y Carmela Silva sugirieron la conveniencia de cursar una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde el PSOE recuerdan que es el segundo escrito que Alaya remite directamente al Congreso sin pasar por el Supremo --el anterior fue en diciembre, hace apenas cuatro meses--, y subrayan que, al enviar esta vez a una pareja de la Guardia Civil, la juez podría haber chocado con el Código Penal.

Según las citadas fuentes, Posada ha preferido plantear la posibilidad de enviar una "reflexión", que no queja, al presidente del Tribunal Supremo, que a su vez lo es del CGPJ, para recordarle que todo escrito sobre aforados del Congreso debe canalizarse por sus manos. Se trata de algo que obviamente conoce Carlos Lesmes, pero que puede dar pie a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo recuerde a la juez Alaya por cauces oficiales.

La idea de Posada ha sido avalada por unanimidad en el órgano de gobierno de la Cámara Baja y todo apunta a que se propiciará una reunión entre Congreso y Consejo para solventar problemas de este tipo por si ocurre más veces.

"Parece obvio que la jueza ha utilizado un canal erróneo", comentó después Posada a los periodistas al término de la reunión de la Mesa del Congreso, insistiendo en que cualquier comunicación judicial, con independencia de su contenido, "debe hacerse a través del Supremo y no directamente".