Presidente del Tribunal de Cuentas expondrá en el Congreso sus críticas a la forma de pago de los programas de armamento

Álvarez de Miranda acudirá a la Cámara Baja para dar cuenta del informe de fiscalización de la financiación de los denominados PEAs correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014.

Este recurso para financiar los programas especiales de armamento ya fue rechazado por el Tribunal Constitucional tras ser recurrido por diputados de los grupos parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión Progreso y Democracia (UPyD). El alto tribunal defendió que el Gobierno debe explicitar las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" cuando recurre a decretos leyes.

El Tribunal de Cuentas coincidió en su informe en que la situación jurídico financiera de este tipo de programas "no es en absoluto desconocida ni imprevisible". "La situación jurídico financiera de los PEAs no era, ni es, en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario", alegó en el documento que Álvarez de Miranda explicará esta semana a los grupos parlamentarios.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya admitió el pasado mes de noviembre que esta fórmula utilizada por su antecesor en el cargo, Pedro Morenés, para pagar los programas de armamento no fue "el mejor procedimiento".

FALTA DE RIGOR EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS MISIONES

El presidente del Tribunal de Cuentas también expondrá el informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones internacionales en los ejercicios 2009 y 2010.

En él denuncia la "falta de rigor y realismo" del Ministerio de Defensa en la presupuestación de las misiones que desarrollan las Fuerzas Armadas y, tras recordar que lleva "más de dos décadas" criticándolo, insiste en que es "indispensable" que se modifique el procedimiento por el que se financian las operaciones de mantenimiento de la paz.

En sus presupuestos para estos ejercicios --incluidos en los Presupuestos Generales del Estado--, el Ministerio de Defensa incluyó créditos iniciales por un valor de 14,36 millones de euros, una cantidad que fue modificada hasta alcanzar los 713,55 millones de euros en 2009 y los 766,61 millones de euros en 2010.

En ambos casos, y como es habitual, las ampliaciones de crédito se hicieron con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, el mecanismo al que se recurre para el pago de las misiones en el exterior.

NO SON GASTOS IMPREVISTOS

A juicio del Tribunal de Cuentas, la dotación inicial es "cuantitativamente incongruente" y supone una "falta de rigor y realismo", ya que es un gasto que "pudo y debió preverse y planificarse". "No puede admitirse que son gastos imprevistos --insiste--, ya que la práctica totalidad de las misiones llevadas a cabo en estos ejercicios tuvieron su origen en ejercicios anteriores".

Además, recalca que esta práctica conduce a que en ocasiones no se ha dispuesto de los recursos necesarios "para atender a las necesidades reales" y se ha tenido que utilizar transitoriamente otros créditos de Defensa, lo que supone, entre otras cosas, "una carga de trabajo extraordinaria para las unidades encargada de su tramitación" y genera "una gestión extremadamente laboriosa, confusa y formalmente irregular".