Presidente de la empresa de aguas de Palma defiende ante el juez la legalidad en el cobro de un aval de 240.240 euros

Junto a Garau fueron citados para esta jornada otros ocho miembros del consejo de administración de Emaya, también como imputados, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, admitiese a trámite la querella interpuesta por la mercantil Envac.

El origen de la querella está relacionado con la ejecución supuestamente indebida del anterior aval por parte de Emaya, el pasado mes de julio, y que la empresa municipal ha mantenido "cautivo indefinidamente sin ninguna justificación, vulnerando las exigencias más elementales de la buena fe contractual", según la denuncia.

Al respecto, Garau, en declaraciones a los medios tras declarar ante el juez durante aproximadamente dos horas, ha defendido que la ejecución del aval se realizó de forma "absolutamente correcta", sin que ésta obedeciera a "capricho" alguno. De hecho, Garau ha considerado la querella de Envac "una medida de presión y un intento de criminalizar estos hechos", además de calificarla de "burda maniobra".

El encausado ha defendido que ninguno de los consejeros de la empresa municipal intervino en estos hechos, sino que fue una decisión del Consejo de Dirección. "Tenía en mi poder parar la ejecución del aval y no lo hice. Volvería a actuar igual", ha recalcado.

En concreto, los hechos se remontan al año 1998, cuando las empresas Envac (entonces Centralsug, S.A. y Dragados y Construcciones, S.A.) y Urbaser, constituidas en UTE, resultaron adjudicatarias del proyecto de sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos de Palma, licitado por Emaya.

El contrato de ejecución incluía entre sus cláusulas la constitución por parte de la UTE de una fianza por valor del 4 por ciento del importe de adjudicación (cubierta a razón de un 2 por ciento por cada empresa), que debía ser devuelta en el plazo de un mes desde la recepción definitiva de las obras.

Esta recepción definitiva de las obras, certificada legalmente por Emaya, se produjo el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2006, lo que implicaba que un mes después debía haber devuelta la garantía. Lejos de cumplir con esta exigencia legal, señala la querella, Emaya mantuvo indebidamente en su poder ocho años el aval y decidió ejecutarlo el pasado mes de julio, incorporando la cantidad reconocida en la garantía a su propio patrimonio.

"NO ES AGRADABLE QUE PIENSEN QUE ERES UN CHORIZO"

Tal y como ha manifestado Garau, los consejeros de Emaya "haremos piña para defender los intereses de los ciudadanos de Palma, cueste lo que cueste", responsabilizando a las dos empresas adjudicatarias de los perjuicios generados por las deficiencias surgidas en los últimos años en el sistema de recogida neumática. "El sistema colapsó e interpusimos una demanda civil, pues tenía que aguantar 30 años y no llegó a los diez", ha remarcado al respecto.

El máximo responsable de Emaya ha subrayado que "en el actual clima político tus hijos lean que has sido imputado por apropiación indebida, y que la gente piense que eres un chorizo como los demás".

Finalmente, ha recriminado que desde Envac "intenten amedrentarnos, pero lucharemos todo lo que haga falta para resarcir los daños provocados a la ciudad". Asimismo, ha considerado "irrisoria" la cantidad reclamada por los querellantes "en relación con los 25 millones de euros que pedimos a la empresa por daños".