Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Primera propuesta en el Congreso para pedir un referéndum en el Sáhara y el fin del expolio de los recursos naturales

La proposición no de ley insta al Gobierno a elevar el estatus diplomático del Frente Polisario
Nueva Canarias y Compromís han registrado en el Congreso de los Diputados la primera iniciativa de la legislatura que aborda el contencioso del Sáhara Occidental, que se remonta a hace más de 40 años. El texto pide la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio que incluya "todas las opciones" (también la independencia) y el fin del "expolio de los recursos naturales".
La proposición no de ley, que se presenta para su debate en Pleno o en comisión, insta al Gobierno a elevar el estatus diplomático que concede al Frente Polisario, para equipararlo con el trato que España da a la Autoridad Palestina, cuyo representante en Madrid tiene el rango de jefe de misión (embajador).
La iniciativa de Nueva Canarias y Compromís se ha conocido justo un día después de que la nueva delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi Bad, lamentara en un encuentro con la prensa que ningún partido llevase la defensa de la causa saharaui a la primera línea de sus compromisos en materia de política exterior.
El texto de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, insta en concreto al Congreso de los Diputados a reiterar "el apoyo al derecho que tiene reconocido el pueblo saharaui a la autodeterminación", que debe ejercitarse a través de un "referéndum libre, democrático y donde se planteen todas las opciones", esto es, también la independencia, que es la opción del Polisario.
DERECHOS HUMANOS
La iniciativa busca también que la Cámara manifieste su "preocupación por la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados que se ejercen sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental", si bien nada dice de las violaciones de los derechos fundamentales en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), controlados por el Frente Polisario y que han denunciado tanto Marruecos como organizaciones internacionales como Human Rights Watch.
Nueva Canarias y Compromís piden en su propuesta "el cese inmediato de la represión" en el Sáhara Occidental, "la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los derechos humanos, el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales".
En este sentido, advierten de que es "esencial" ampliar el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que no solo garantice el alto el fuego, sino que también "evite la vulneración de los derechos humanos hasta la celebración del referéndum".
La proposición no de ley persigue además que el Congreso exija la "anulación" del juicio militar contra los 25 activistas del campamento de Gdaym Izik que se levantó a finales de 2010 en las inmediaciones de El Aaiún y que fue desmantelado por la fuerza por Marruecos, con un saldo de 11 miembros de las fuerzas marroquíes de seguridad muertos, y otros cinco saharauis. Para muchos, ésta fue la primera de las protestas ciudadanas de la llamada Primavera Arabe.
MÁS AYUDA HUMANITARIA A TINDUF
Al Gobierno de España, la propuesta le insta a aumentar la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de refugiados, cuya situación de necesidad se ha visto agravada por las recientes inundaciones. Y le pide que reconozca al Frente Polisario como "representante legítimo" del pueblo saharaui, "tal como lo considera la ONU".
Le reclama al Ejecutivo español en definitiva que mantenga "una postura mucho más activa, como antigua potencia colonial y administrador de iure del territorio, en la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del referéndum de autodeterminación, el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el fin del expolio de los recursos naturales".
Para ello, añade el texto, el Gobierno español debe instar "tanto a la ONU como a la UE al cumplimiento de la legalidad internacional, así como al Gobierno de Marruecos".