Progresistas del CGPJ acusan a Lesmes de discriminar a una mujer para el TSJ de Murcia y censurar a discrepantes

El nombramiento a finales del pasado mes de enero del juez de lo Penal de Murcia Miguel Alfonso Pascual como presidente del Tribunal Superior de Justicia en dicha comunidad ha originado una monumental bronca en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siete de cuyos vocales acusan al presidente, Carlos Lesmes, de propiciar la discriminación por ser mujer de otra candidata más válida y de censurar a los discrepantes con esta decisión.

Así se señala en el voto particular que ha presentado la vocal y magistrado del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga con el apoyo de otros seis consejeros del sector progresista y del nacionalista de este órgano, en el que se denuncia el manejo por parte de Lesmes para impedir la presentación, en un voto particular que fue rechazado por extemporáneo de sus razones contra la designación de Pascual.

El documento destaca que, dada la práctica inexistencia de mujeres presidentas en los TSJ (sólo hay una en los 15 órganos de esta categoría), que Alonso ha sido perjudicada por su condición de mujer "sin más justificación que una subjetiva valoración del proyecto de actuación del candidato varón" que "bordea la arbitrariedad e incurre en discrimación".

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo retuvo el acuerdo de nombramiento que fue adoptado el 29 de enero hasta casi un mes después, el pasado día 20, hurtándole así la posibilidad de estudiar los motivos del nombramiento de cara al voto particular que legalmente debería haber presentado 48 horas después de la designación del nuevo presidente del TSJ de Murcia.

En fuentes del Consejo, sin embargo, se ha explicado a Europa Press que el voto particular de Martínez de Careaga fue presentado más de 20 días después del de celebración del Pleno cuando podía haberlo hecho en tiempo, lo que motivó su inadmisión. La vocal planteó esta cuestión en el siguiente Pleno, celebrado el pasado 26 febrero, que por 14 votos a 7 acordó confirmar la inadmisión del voto particular.

MÉRITO Y CAPACIDAD

Según explica la vocal progresista en su voto, el nombramiento de Miguel Alfonso Pascual perjudicó y discriminó a la candidata más competente, la magistrada del la Audiencia Provincial de Murcia María Pilar Alonso Saura, cuya antigüedad en la Carrera se sitúa en 1.160 puestos por encima del finalmente designado.

A ello se añade, según la discrepante, el hecho de que Alonso lleve destinada 23 años en la Audiencia de Murcia frente a un juez, el que resultó elegido por la mayoría conservadora, cuya experiencia se limita al enjuiciamiento unipersonal de delitos menores y sin ninguna experiencia en órganos colegiados.

Los vocales firmantes de este documento son, además de Martínez de Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Pilar Sepúlveda.

Frente a las acusaciones, fuentes del Consejo consultadas por Europa Press recuerdan que este tipo de procesos selectivos se rigen por lo dispuesto en el Reglamento del CGPJ que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

En el caso de los órganos gubernativos, los aspirantes deben elaborar un programa de actuación describiendo las principales iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del tribunal o la Sala a cuya presidencia aspiran que luego exponen en una comparecencia pública en la sede del CGPJ y que es valorado por el Pleno en la elección.

LA ANTIGÜEDAD NO ES DETERMINANTE

La antigüedad es, por tanto y según estas fuentes, uno más de los requisitos que se tienen en cuenta. Añaden que en el mandato del actual CGPJ, el Pleno ha elegido para cargos gubernativos a varias mujeres que contaban con menor antigüedad que algunos de sus competidores varones.

Este es el caso de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, Garbiñe Biurrun, que ingresó en la Carrera Judicial en 1987, cuando uno de los dos aspirantes varones al mismo cargo lo había hecho en 1983.

La misma situación se dio con la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, María Félix Tena, que ingresó en la carrera en 1988 y que fue elegida para el cargo frente a candidatos varones que lo habían hecho en 1979 y 1987.

Tampoco en otros casos, sin presencia de candidatas femeninas, ha sido elegido el aspirante con más antigüedad: así sucedió en los procesos selectivos para la presidencia de la Audiencia Nacional o de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, apuntan.