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Puig dice que el recurso contra los PGE está "bien fundamentado" y hay un acuerdo social para acabar con la "postración"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consell contra la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) demuestra que está "bien fundamentado" y ha destacado que existe un gran consenso social para que la Comunidad pueda salir de la situación de "postración" actual.
El 'president' ha realizado estas declaraciones este viernes a preguntas de los periodistas antes de presidir en el edificio Prop de Alicante la constitución de la mesa interdepartamental del Consell para abordar la nueva política del agua.
Preguntado por la admisión a trámite de su recurso contra los PGE de 2016, ha afirmado que demuestra que está "bien fundamentado" y que, en lo jurídico, van a "batallar" por una posición "enormemente clara", que la Comunidad "recibe mucha menos financiación que otras comunidades autónomas", lo que repercute en tener 12 puntos menos de renta per cápita.
Asimismo, Puig ha señalado que hay un "gran acuerdo" social y entre las fuerzas políticas que servirá para salir de la "situación de postración" a la que se ha sometido en los últimos años.
"SOBERBIA"
El dirigente valenciano ha destacado que lo que quieren es que el próximo Ejecutivo central "cambie su política" respecto a la Comunidad porque el gobierno presidido por Mariano Rajoy "ha estado constantemente discriminando" y teniendo una actitud "soberbia" con la Comunidad, ha criticado.
De hecho, ha añadido que Rajoy no ha hecho caso a los "propios" informes del Ministerio de Hacienda que dicen que la Comunidad recibe "menos recursos de los que le corresponden".
Por ello, ha pedido al nuevo Gobierno que se forme de España --"al margen de quien lo componga finalmente", ha apuntado-- que tenga "sensibilidad" y "cambie su actitud" respecto a la Comunidad Valenciana, no solo en financiación, sino también en inversiones y en su política económica, para atender así a la "realidad" autonómica.