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Puig (PSPV) cree que el TSJCV "ha puesto en su sitio" a la Generalitat Valenciana ante un decreto de copago "miserable"

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este martes que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "ha puesto en su sitio" a la Generalidad Valenciana al anular el decreto del Consell que fija precios del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados, un decreto que ha calificado de "miserable, injusto e insolidario".
Puig ha felicitado al CERMI --entidad que recurrió el decreto-- y a las diferentes plataformas de dependencia y discapacidad de la Comunidad Valenciana "por su defensa y denuncia" así como por "su incansable trabajo y lucha contra este decreto miserable".
"Los socialistas en reiteradas ocasiones le hemos dicho a --Alberto-- Fabra que estaba actuando contra aquellos que menos tienen y que retirara este decreto", ha manifestado Puig, quien ha remarcado que "la Justicia hace también el trabajo, en esta ocasión, que no hace Fabra".
RECLAMA EL AVANCE DE LA LEY
Asimismo, Puig ha subrayado que "hay que continuar reclamando el mantenimiento y avance de la Ley de Dependencia que ha exterminado el PP en la Comunidad Valenciana" y ha resaltado que este decreto "injusto e insolidario la Generalitat lo había llevado adelante sin contar con los afectados".
Según ha subrayado, el PSPV "desde el primer momento" advirtió a la Consejería "de que estaban cometiendo una injusticia con el sector de la discapacidad y de los mayores". Por ello, ha calificado de "fabulosa" la noticia y ha reiterado su felicitación al CERMI y a las diferentes plataformas de dependencia y discapacidad de la Comunidad Valenciana, "a quienes el TSJCV les ha dado la razón y también a los grupos de la oposición, y concreto el socialista, por la defensa y denuncia que habíamos hecho en cuanto a la injusticia cometida por Consell".
Puig le ha reclamado a la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, que "deje fuera la prepotencia con la que actúa el Consell y le ha instado a "replantearse la política en materia de servicios sociales". "No se puede dictar normas sin escuchar a los afectados", ha puntualizado.