Piden la suspensión del acto de Puigdemont en Madrid porque "desafía" al Estado de Derecho y al Tribunal Constitucional

La Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido un escrito, presentado este viernes por el partido Centro Izquierda Nacional (CINC), en el que se solicita la suspensión cautelar del acto del próximo lunes en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, defenderá el referéndum de independencia de Cataluña. Consideran que ese acto es "ilegal e inconstitucional" y desafía al Tribunal Constitucional.

El CINC, fundado el pasado mes de octubre por el exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán Antonio Robles, considera que el acto que se celebrará en una sala del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, "vulnera los dictados del Tribunal Constitucional, que declaró nulas las resoluciones del Parlamento de Cataluña destinadas a impulsar la celebración de un referéndum en 2017".

El partido recuerda que el TC advirtió a los promotores de la consulta independentista de que deberían "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución aprobada" (la preparación del referéndum) y que tenían el deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esa resolución".

Para el Centro Izquierda Nacional, el acto de Puigdemont está "disfrazado de conferencia" pero "no tiene otro fin que burlar las resoluciones del Tribunal Constitucional, realizando un acto de propaganda para influir en la opinión pública y legitimar la celebración de un referéndum ilegal".

USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Además, señala como "agravante" que "se utilice para ello dinero y recursos públicos, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Madrid", e indica que se podría producir un problema de orden público porque hay protestas convocadas para impedir la conferencia.

El partido no cree que los organizadores del acto --la plataforma Pacto Nacional por el Referéndum, integrada por la Generalitat, el Parlamento de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y las diputaciones, partidos políticos y entidades catalanas-- actúen "con buena fe".

"Saben perfectamente la repercusión mediática y simbólica que tendrá este acto, considerado una provocación por parte de una mayoría de la población madrileña, un gesto de desafío al Estado democrático, al Gobierno y al propio Tribunal Constitucional", sostiene.

A su juicio, la conferencia nada tiene que ver con la libertad de expresión o el diálogo, sino que se trata de "un acto premeditado de fuerza y propaganda". "Los que aprueban leyes de modo clandestino y sin posibilidad de discusión en su propio Parlamento, piden ahora diálogo con la única finalidad de acusar a los demás de intransigentes", afirma.

Por último, el CINC denuncia una "política de claudicación, de apaciguamiento, de cobardía y de consentimiento de la ilegalidad" ante quienes "utilizan el poder y los recursos del Estado para destruirlo y la democracia para disfrazar su imposición totalitaria".