Rajoy apoyará el sábado al PP catalán en un momento en que JxSí y la CUP inician trámites de las leyes de "desconexión"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, presidirá este sábado en Barcelona la Junta Directiva del PP de Cataluña, en un momento en que Junts pel Sí y la CUP han iniciado los trámites de las llamadas leyes de "desconexión".

Rajoy volverá a hacer hincapié en el discurso del PP en defensa de la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. Además, como viene haciendo en las últimas semanas, defenderá la necesidad de un Gobierno fuerte y estable para hacer frente al desafío secesionista.

El apoyo de Rajoy al PP catalán se producirá tres días después de que JxSí y la CUP hayan registrado en el Parlament tres peticiones para crear las ponencias de las tres leyes que consideran clave para "arrancar la república catalana": hacienda propia catalana, seguridad social propia y régimen jurídico catalán.

El impulso de estas leyes se recogía en la resolución independentista que el Parlament aprobó en noviembre de 2015 --que luego anuló el Tribunal Constitucional--, según explicó este martes el diputado de la CUP Benet Salellas.

La CUP ha argumentado que quiere impulsar las leyes desde ponencias parlamentarias para que todos los grupos participen en la elaboración de las normas, aunque varios de ellos se opongan a la independencia: "Partimos de cero en la elaboración de estos proyectos legislativos".

EL GOBIERNO ACTÚA CONTRA LA COMISIÓN DE ESTUDIOS

El pasado lunes, Gobierno de Rajoy planteó ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia dirigido a impedir la actividad de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente creada el pasado día 28 por el Parlamento de Cataluña, ya que infringe la sentencia que anuló la declaración independentista y cualquiera de sus efectos. Por primera vez solicita la aplicación del artículo 92 de la denominada "reforma exprés" del tribunal de garantías, dirigida a asegurar el cumplimiento de sus sentencias.

Dicho artículo, vigente desde el pasado mes de octubre, prevé que el Tribunal Constitucional "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones" y que por ello "podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias".