Rato acusa a UPyD de "electoralismo y propaganda" por pedir su ingreso en prisión

La defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acusado a Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, de "electoralismo y propaganda" por pedir su ingreso en prisión y que se le imponga una fianza civil de 4.112 millones de euros.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal del también expresidente de Bankia acusa a la formación de Rosa Díez de actuar con "afán de notoriedad" y dirigir sus actuaciones en el plano judicial hacia la "obtención de réditos políticos", el "electoralismo", el "oportunismo" y la "respuesta a la frustración política".

A juicio de esta parte, que pide a la Sala de lo Penal que rechace el recurso de apelación de UPyD contra el auto del juez Fernando Andreu por el que desestimaba sus pretensiones, las prácticas de la formación "merecen la desaprobación y el reproche" porque "nada tienen que ver con un planteamiento jurídico" y vienen acompañadas de "afirmaciones públicas de sus dirigentes henchidas de sorprendente triunfalismo".

De igual modo, la defensa de Rato lamenta "el ejercicio de la acción popular por parte de organizaciones y partidos políticos" y señala que esta práctica "hace posible que se dirijan peticiones de intervención judicial orientadas a dar satisfacción fines como los descritos". "La búsqueda de un titular de prensa es razón suficiente y preside la presentación del recurso", apunta.

"UN IMPOSIBLE JURÍDICO"

En el plano jurídico, recuerda que la Sala de lo Penal no puede acordar el ingreso en prisión de un imputado. "UPyD incurre en un imposible jurídico, cual es solicitar a la Sala algo que, sencillamente, la Sala no puede conceder", apunta.

Tras indicar que en el caso de su cliente no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, esta parte añade que de los hechos investigados en el 'caso Bankia' "no se infiere en modo alguno la existencia de conductas delictivas". "La afirmación de que concurren inequívocos indicios delictivos aparece tan huérfana como infundada", apuntan los defensores de Rato.

En relación con la fianza civil solicitada por UPyD, señalan que se trata de "un vano intento de recuperar la prisión por deudas" y agregan que la acusación popular "no tiene legitimación para pedir medidas cautelares asegurativas de responsabilidades pecuniarias".

UPyD argumentaba en su recurso que los viajes de Rato a Suiza no son "meras hipótesis", como apuntó el juez Fernando Andreu, sino "un hecho cierto, objetivo y verificable". La formación magenta también defendía que es "un hecho cierto, objetivo, verificable y de dominio público" que Rato viajó a Suiza, al menos, los días 23 de octubre y 26 de noviembre.

La organización recurrió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano jerárquicamente superior a los instructores, después de que el pasado 15 de diciembre el juez Andreu rechazara el ingreso en prisión de Rato y acusara a esta parte de buscar "notoriedad" formulando esta petición.

CRÍTICAS DE ANDREU

Andreu rechazó el ingreso en la cárcel de Rato en una resolución en la que advertía a UPyD de que la búsqueda de "la ejemplaridad, el escarmiento, la eficacia o la tranquilidad social" no pueden perseguirse "mediante la adopción de medidas cautelares, cuyos fines no pueden ser los de anticipar el cumplimiento de una hipotética condena, ni menos aún la obtención de notoriedad por parte de quien interesa del juez que se adopten estas medidas".

El partido de Rosa Díez realizó su petición después de que se diera a conocer un informe de los peritos del Banco de España que determinaba que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato, y las que reformuló en mayo de ese año, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, "no expresaban la imagen fiel" del banco.

El informe señalaba que tanto en los balances de Rato, que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, como en las de Goirigolzarri, que apuntaban a unas pérdidas de 2.979 millones, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".