(Resumen) La UCO detiene a 32 personas en 13 provincias de una red que obtenía contratos públicos de forma fraudulenta

El Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a lo largo de la jornada de este martes a un total de 32 personas en 13 provincias españolas en la denominada operación 'Enredadera', tercera fase de la operación 'Madeja' en la que la juez Mercedes Alaya investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, causa que está bajo secreto de sumario desde julio de 2013.

En este sentido, los agentes de la UCO han desarrollado esta operación en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, y han practicado además una decena de registros en empresas y domicilios de las citadas provincias.

De este modo, la Guardia Civil ha detenido a 32 personas, 23 de ellas en Andalucía --once en Sevilla--, como presuntas autoras de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y organización criminal. De estas 32 personas, la Guardia Civil ha dejado ya en libertad con cargos a cuatro.

Este operativo es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño.

De este modo, del informe patrimonial realizado sobre Castaño y su esposa, ambos imputados en la causa, los agentes dedujeron que había recibido de Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza --dinero o vehículos--, lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de Fitonovo".

"SOBORNOS"

Asimismo, del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores, los agentes averiguaron que la dirección de Fitonovo "había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos".

Las prácticas ilícitas descubiertas, según la Guardia Civil, "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas", a lo que se suma que, "al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".

A lo largo de la jornada, la Guardia Civil ha detenido a 32 personas y ha practicado distintos registros, como por ejemplo en la Diputación Provincial de Sevilla, donde los agentes llegaron a las 9,00 horas para registrar el despacho del jefe de servicio de Carreteras, Carlos Podio, quien ha sido detenido dentro del operativo, en el que también ha sido detenido Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación ya jubilado y otrora jefe de servicio de la institución.

En Sevilla también ha sido detenido Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Entre los arrestados hay una mayoría de funcionarios públicos y técnicos de ayuntamientos, diputaciones y el Ministerio de Fomento y varios políticos, destacando que en Gran Canaria han sido detenidos un delegado de la empresa Fitonovo en las islas, que tenía su sede en el municipio grancanario de Arucas, y un exconsejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín, los cuales han quedado en libertad con cargos.

UN CONCEJAL DEL PP

En Jaén ha sido arrestado el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina, Cristóbal Pérez, que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad.

Además, en Jaén han sido arrestados un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento, mientras que en Granada los agentes de la UCO han llevado a cabo el arresto de una mujer de 39 años, ex empleada de Fitonovo, y en Mérida ha sido detenido un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.

Asimismo, en Zaragoza hay dos personas detenidas, como son un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la capital aragonesa y otro, ya jubilado. Por su parte, en Córdoba han sido arrestadas otras cuatro personas.

LA JUEZ AMPLÍA LA IMPUTACIÓN A LOS EMPRESARIOS DE FITONOVO

Coincidiendo con la operación, la juez Alaya ha citado este martes a fin de ampliar su imputación a los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo y al administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, quienes se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

A continuación, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía ha pedido una fianza civil de dos millones para Rafael González Palomo; de un millón de euros para su hijo, José Antonio González Baró, y de 0,5 millones de euros para Ángel Manuel Macedo.

Hay que recordar que, en su primera declaración tras ser detenido en diciembre de 2013, González Baró declaró que una persona vinculada a IU, de la que no dio el nombre, le había pedido una 'colaboración económica' coincidiendo con la adjudicación de un contrato de obras del Instituto Municipal de Deportes (IMD), tras lo que entregó a esta persona 70.000 euros en una caja de zapatos.

Pues bien, en la lectura de su ampliación de imputación, la juez ha puesto nombre a esta persona, Antonio Miguel Ruiz Carmona, a quien según la juez el empresario de Fitonovo habría entregado 85.000 euros en una caja de zapatos. Carmona, cabe recordarlo, ha sido detenido por la UCO en la operación 'Enredadera'.

También ha comparecido ante la magistrada el exdirector del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, que, tras ser imputado por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Madeja' desarrollada en diciembre de 2013, fue cesado de manera fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).

Para él, la Fiscalía ha pedido este martes una fianza de responsabilidad civil de 200.000 euros.

La juez también ha citado a tres personas que ya estaban imputadas en la causa, como son el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, el responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, y el director comercial de Fitonovo Juan Andrés Bruguera, a quien ha mandado a prisión eludible con fianza de 180.000 euros.