Ripoll, imputado por cohecho y prevaricación, queda en libertad sin fianza

Ripoll hizo una declaración sin preguntas en la Diputación menos de dos horas después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, que le ha imputado "formalmente" por unos delitos que el dirigente popular no ha detallado en la comparecencia pública.

El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, pidió prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros y una comparecencia periódica en el juzgado pero que el juez lo ha rechazado, lo cual hace que su situación personal siga siendo la misma.

"En cuanto se levante el secreto sumarial ejerceré evidentemente todas las acciones legales que correspondan en mi defensa y desde todos los puntos", ha avanzado.

Fianza desestimada

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante, por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

Ripoll ha llegado sobre las 13.55 horas a los juzgados de Orihuela, donde estaba citado a declarar a las 14.00 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, ha vuelto a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.

El pasado martes agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central registraron el domicilio del presidente de la Diputación durante más de tres horas en presencia del secretario judicial, antes de hacerlo en su despacho en la Diputación.

Tras los registros, Ripoll fue trasladado a la comisaría provincial de la Policía Nacional de Alicante donde, tras doce horas en calidad de detenido, fue puesto en libertad, lo mismo que otras diez personas entre concejales de Orihuela y empresarios.

La citación ha sido objeto de polémica dado que Ripoll ha explicado que recibió una cédula de citación que, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no fue emitida por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela sino, al parecer, por los instructores policiales.

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Delitos de cohecho y otros sin concretar

El empresario alicantino Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules, ha quedado en libertad sin fianza. Pese a esto se mantiene su imputación por varios delitos, entre ellos el de cohecho, tras declarar durante 90 minutos ante un juez de Orihuela por el caso "Brugal".

Tras el interrogatorio, Ortiz ha explicado a los periodistas que ha salido "contento" de la declaración porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar" y, al preguntarle si pesan sobre él imputaciones, ha respondido que "claro que las hay".

Cuatro de las cinco personas que han declarado ante el juez de Orihuela han sido imputados por delitos que no han sido concretados y quedan en libertad sin fianza.

Así, además de Ortiz, han quedado en libertad el ingeniero y amigo del empresario José Francisco León; el gerente de Inusa, José Candel; y el dueño de la compañía Sufi, Luis Bracho.

Por su parte, para el empresario de automoción y ex presidente de la Fundación Hércules CF, Rafael Gregori, el juez ha decretado una fianza de 100.000 euros y ha sido acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, según fuentes judiciales.