Ruiz-Mateos, citado a declarar este jueves en Palma tras ser puesto en libertad anoche

A pesar de que el martes comunicó que comparecería ante la magistrada María Pascual, jueza de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear, acompañado de su hija Begoña y de su abogado Marcos García Montes, el impulsor del 'holding' de la abeja fue finalmente arrestado por la Policía Nacional en su domicilio de Somosaguas y posteriormente trasladado a la Comisaría de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

No obstante, a última hora de la noche del miércoles la jueza María Pascual ordenó la puesta en libertad del empresario apelando a "razones humanitarias" y ante la avanzada edad del arrestado, aunque mantuvo la citación a la hora prevista.

El encausado acudirá de esta forma a los Juzgados de Vía Alemania para ser interrogado por la instructora que, además, le apercibió con anterioridad de "no reírse de la Administración de Justicia" haciéndose valer de su avanzada edad y "presunto" mal estado de salud. De las varias veces en que ha sido emplazado a comparecer, tan sólo ha hecho acto de presencia en dos de ellas y lo hizo para acogerse a su derecho de no declarar.

"No es de recibo que se pretenda eludir una obligación legal amparándose en unos supuestos daños físicos y psicológicos que a día de hoy no han quedado demostrados", llegaba a incidir la jueza en el auto en el que ordenaba la búsqueda y detención del jerezano, después de que éste no compareciese la última vez que fue citado por ella alegando la fractura del cuarto dedo del pie derecho.

Todo ello en el marco de un procedimiento judicial cuya tramitación no quiere la magistrada que Ruiz-Mateos obstaculice "sin justificación para ello", y que fue iniciada a raíz de la querella presentada el pasado año por la sociedad Inversiones Grupo Miralles (IGM) como consecuencia de la presunta estafa en la compraventa del hotel Eurocalas. Posteriormente, la denuncia fue ampliada al atisbar indicios de que la mercantil que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.

Fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a la empresa Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

"Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denunciaba la querella del Grupo Miralles, representado en la causa por la letrada Isabel Fluxà.

En el marco de este caso, sobre el empresario y sus seis hijos varones, también imputados, pesa una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros, mientras que también tienen retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.

IMPUTADO EN TRES CAUSAS POR ESTAFA EN BALEARES

Sin embargo, esta causa es tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que el empresario jerezano está siendo investigado en Baleares. Así, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está siendo investigado por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.

Mientras tanto, el jerezano y sus seis hijos también están encausados en una causa centrada en una supuesta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó. Se trata de un caso que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien también acordó la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales.