Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La juez acusa a Ruiz-Mateos de "reírse de la justicia" valiéndose de dolencias no acreditadas y de su avanzada edad

La jueza que investiga una presunta estafa de 13,9 millones de euros en la compraventa de un complejo hotelero de Mallorca por parte del empresario José María Ruíz Mateos, asevera, en el auto por el que ha decretado la busca y detención del fundador de Rumasa, que éste no tiene derecho a reírse de la Administración de Justicia ni a dificultar u obstaculizar la tramitación de esta causa sin justificación para ello", llegando a valerse incluso "de su avanzada edad y presunto mal estado de salud".
Así lo pone de manifiesto en su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza de adscripción territorial María Mascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, quien lamenta en sus fundamentos jurídicos que Ruíz-Mateos haya además contado presuntamente con la colaboración de terceras personas "dispuestas a plasmar por escrito pretendidas dolencias con el fin último de no comparecer ante este Juzgado".
"No es de recibo que se pretenda eludir una obligación legal amparándose en unos supuestos daños físicos y psicológicos que a día de hoy no han quedado demostrados", incide la magistrada, después de que el conocido empresario jerezano no compareciese el pasado viernes ante el Juzgado, donde estaba citado a declarar, alegando la fractura del cuarto dedo del pie derecho.
Cabe recordar que la sociedad Inversiones Grupo Miralles se querelló contra Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones en relación a la compraventa del hotel Eurocalas, mientras que posteriormente amplió su denuncia al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.
Ello, según alegaba el querellante, representado en la causa por la abogada Isabel Fluxà, por vender el hotel Cervantes de Torremolinos, perteneciente a los Ruiz-Mateos, a la mercantil Clesa --también propiedad de los denunciados--, "obstaculizando" así su posible embargo.