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El juez Ruz imputa a Acebes por apropiación indebida

El juez Pablo Ruz ha dado un nuevo paso en su investigación de la supuesta contabilidad B del Partido Popular al citar el próximo martes día 28 al que fuera su secretario general, Ángel Acebes. El juez le imputa la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida. Ruz entiende que Acebes pudo conocer y autorizar la compra en 2004 y 2005 de acciones de Libertad Digital por valor de 410.000 euros, dinero abonado supuestamente con fondos opacos del partido.

Ese mismo día, el magistrado ha citado a declarar también en calidad de imputado al que fuera tesorero del PP entre 1993 y 2008, Álvaro Lapuerta y al empresario Antonio Vilela.
Ruz aclara en su auto que ha llegado a esta conclusión después del análisis policial de nueve apuntes en la contabilidad B del PP, conocida como “papeles de Bárcenas”.
En este sentido,  el magistrado señala que Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias desviaron 149.600 euros para que ésta última suscribiera las acciones de Libertad Digital.
Apunta Ruz que “tres de las personas que figuran como suscriptores de acciones de Libertad Digital en la ampliación de capital efectuada en el año 2004 fueron Francisco Yáñez, Álvaro de la Puerta, Rosalía Iglesias, todas ellas personas de confianza de Luis Bárcenas”.
El juez añade que el dinero empleado por parte de estas personas para la adquisición de los títulos, tenía como origen fondos ajenos al sistema económico gestionados por Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a tenor de las anotaciones recogidas en la contabilidad de la Caja B, actuando inicialmente los suscriptores de las acciones como meros tenedores formales de las mismas.
Ruz recuerda que la compra de las acciones respondía, según el testimonio de Bárcenas, a la petición de ayuda económica por parte del presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, al Partido Popular.
El magistrado daría por buena así la versión de Luis Bárcenas según la cual Acebes habría pedido a Lapuerta que se compraran acciones de Libertad Digital con dinero procedente de las cuentas B del PP figurando como titular personas de confianza.
Entre esas personas se encontrarían Alberto Dorrego y Borja García Nieto, también citados a declarar por el juez, ellos en calidad de testigos.
Sede del PP de Vizcaya en negro
En su escrito, el juez también relata como se financió la sede del Partido Popular de Vizcaya con fondos procedentes de supuestos pagos en negro.
Asegura Ruz que  “con el fin de controlar la operación de financiación de la compra de la citada sede efectuada en fecha 13/10/1999, cuyo crédito bancario ascendió a cantidad de 165.000.000 de pesetas; así como el pago de las cuotas de las obras de acondicionamiento que efectuaron en base al contrato privado de fecha 08/11/1999, Luis Bárcenas generó otra contabilidad mediante una cuenta aparte llamada “Sede Vizcaya”, muy similar en cuanto a su estructura y funcionamiento a la establecida en los conocidos como “papeles de Bárcenas”, y en la que se recogen un conjunto de entregas y transferencias desde noviembre del año 1999 hasta noviembre del 2005.  
 Asegura el juez que “se ha podido comprobar con la documentación que se posee sobre este particular, que la manera de alimentar dicha cuenta (entradas) era mediante aportaciones que recibían en efectivo, que ingresaban en las cuentas bancarias destinadas a recoger los ingresos por donativos en el Banco Vitoria y Banesto de la misma manera que ha sido descrita anteriormente, y en otras cuentas bancarias. Estas cantidades que abonaban procedían de aportaciones que recibían en efectivo”.
 Se ha podido concretar, en forma indiciaria, que una de estas personas que efectuó estas entregas por valor de 36.000€ habría sido Emilio Álvarez López, persona presente en los consejos de administración de la empresa BRUESA CONSTRUCCIONES SA y en el grupo empresarial BRUESA. En cuanto a las cantidades señaladas como salidas, se correspondían en la mayoría de los casos con transferencias realizadas hacia el PP del País Vasco que procedían de las cuentas de la formación a nivel central, y que eran empleadas para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede”.