El juez Ruz tomará declaración mañana a siete saharauis que presenciaron torturas a sus familiares en Sáhara Occidental

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración mañana a siete testigos saharauis citados a declarar en relación con la causa que investiga el genocidio del pueblo del Sáhara Occidental a manos de militares marroquíes.

Los siete citados fueron testigos de las detenciones, torturas y ejecuciones sumarias que las fuerzas armadas marroquíes llevaron a cabo en la región de Amgala entre el 12 y 13 de febrero de 1976.

Según precisa la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), que acompañará a los testigos en su declaración, los abusos denunciados se produjeron dentro de una operación de barrido de la población nómada que tradicionalmente ha vivido en la zona dedicada al pastoreo.

La mayor parte de las víctimas de esta matanza siguen desaparecidas sin que las autoridades marroquíes hayan dado hasta ahora explicaciones sobre su suerte o el paradero de sus restos a sus familiares, indica APDH.

Los testigos llamados a declarar el lunes constituyen una excepción a esta situación ya que son familiares de ocho desaparecidos hallados en una fosa común encontrada en junio de 2013 y exhumada por un equipo de forenses españoles.

FOSAS COMUNES

Los peritos forenses Martín Beristáin y Francisco Excheberria prestaron declaración el pasado 12 de febrero junto a un testigo saharaui. Los siete que lo harán el próximo lunes también habían sido citados a declarar ese día pero no pudieron acudir ante la Audiencia Nacional al carecer visado de entrada en España.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España solicitó a Ruz la ampliación de la querella admitida a trámite por su Juzgado en 2006 tras descubrir esta fosa común en Smara, en el Sáhara Occidental, y que se dirige contra 31 militares saharauis. El enterramiento ocultaba los restos mortales de seis adultos y dos menores, algunos de ellos con documentación española.

Los querellantes aseguran que Marruecos ocupó el territorio "mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años", y el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro, encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española.

El juez Ruz rechazó el pasado mes de archiva esta causa tras la reforma de la legislación que regula la justicia universal. Consideró que el Sáhara Occidental era territorio español cuando ocurrieron los hechos y, por tanto, a este caso no le afecta la reforma.

Aseguró que la causa es competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron contra ciudadanos españoles "en territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión (1975)", ya que el Sáhara Occidental era entonces una provincia española.

El magistrado investiga una segunda causa sobre genocidio en el Sáhara, interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.