SOS Bebés Robados denuncia que la Administración "sabe más de lo que dice" y oculta datos

La asociación SOS Bebés Robados ha denunciado este lunes que la Administración "sabe más de lo que dice" en relación a los datos sobre presuntos casos de desapariciones de bebés en hospitales españoles entre 1940 y 1990.

Meses antes del verano, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió durante una reunión con los afectados a la creación de un banco nacional de ADN para facilitar la obtención de datos.

Pese a ello, SOS Bebés Robados ha asegurado a Europa Press que no ha habido aún avances para la creación de este banco, lo que obliga a los afectados a acudir a laboratorios privados.

El abogado de esta asociación, Guillermo Peña, ha avanzado que se esta estudiando la posibilidad de recurrir a nuevas vías para investigar los casos de presuntos robos.

"Pensamos que la Administración sabe más de lo que dice. La Policía y el Ministerio del Interior podrían hacer más rastreos y cruzamientos de datos si quisieran. La Administración no ha hecho todo lo que podía", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que se podría estar ocultando información por motivos de seguridad. "Desde la asociación no se espera que el Ministerio dé lo que se le ha pedido. Se están buscando nuevas vías para investigar los casos", ha dicho.

PROCESO PENAL

Entretanto, los Juzgados de Plaza de Castilla cuentan ya con más de quince investigaciones de diferentes casos de bebés desaparecidos. El más avanzado es el proceso penal en el que está imputada la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como Sor María.

Antes del verano, el juez Adolfo Carretero citó para los próximos 18 y 20 de septiembre a varios médicos y personal sanitario de la Clínica Santa Cristina de Madrid. Entre ellos figura el director de este centro sanitario en la época en la que se investigan los hechos.

Estas diligencias se enmarcan en el procedimiento judicial que dirige Carretero contra Sor María por el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982.

Se trata de uno de los primeros casos de niños robados en los que madre, María Luisa Torres, e hija, Pilar Alcalde, se reencontraron casi 30 años después.

La citación se produjo después de que el magistrado haya recibido los datos que había solicitado a la Policía Judicial para localizar a los médicos que trabajaron con la religiosa en el citado centro sanitario.