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Salom pide que el Ayuntamiento levante su suspensión de empleo y sueldo porque fue "una persecución política"

La defensa del asesor del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom ha solicitado este martes que se levante la suspensión cautelar de empleo y sueldo que el equipo de Gobierno local acordó el pasado 5 de febrero debido a su situación de investigado en el presunto blanqueo del PP municipal, que se investiga judicialmente en una pieza separada del 'caso Imelsa'. Para el abogado, Salom es víctima de una "persecución política y con interés de quitarle de en medio".
Así lo ha manifestado el letrado de Salom en la vista que se ha celebrado en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia tras la denuncia del asesor suspendido contra el Ayuntamiento, en la que ha argumentado que de los 13 asesores que estaban en la misma situación que Salom, éste fue el único suspendido.
El asesor del PP municipal ha pedido el turno de última palabra, en el que ha sostenido que fue "el primer suspendido" y "estaba exactamente en la misma situación que el resto de investigados". Además, ha comentado que "en los últimos diez años, el Ayuntamiento ha abierto 308 expedientes disciplinarios, de los que sólo 13 han conllevado medidas cautelares",
La defensa de Salom ha solicitado una sentencia condenatoria, que se paralice la suspensión y que devuelvan a su cliente el sueldo que ha dejado de percibir en el tiempo que lleva en esta situación. El representante del consistorio, por su parte, ha pedido la desestimación del recurso.
Según el letrado, la suspensión cautelar --que tiene una duración máxima de seis meses-- "vulneraba el trato igualitario a todos los asesores" y el consistorio se basó "en lo aparecido en la prensa", sin aportar esos recortes. Por ello, el letrado ha argumentado que la decisión del consistorio "fue ad hoc, un traje a medida".
Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento trató de personarse en la pieza del blanqueo como acusación particular y el juez se lo denegó porque, según ha indicado, el magistrado consideró que el consistorio "no se ha visto perjudicado" por el delito que se investiga. "La personación del Ayuntamiento sólo buscaba tener acceso al proceso para preparar la defensa en este proceso", ha subrayado.
También ha destacado que Salom sólo realizaba funciones de personal de confianza o asesoramiento, por lo que "el destinatario no es la Administración". "Si el concejal al que asesora cesa --en este caso, depende de la edil Beatriz Simón--, él cesa", ha apuntado para defender que su puesto no depende del consistorio y, por lo tanto, en su opinión, no debía ser el Ayuntamiento el que decidiera sobre la suspensión del asesor.
"No cobra directamente del Ayuntamiento sino del dinero que tiene asignado cada concejal", ha añadido a este respecto, sobre lo que ha concluido que el Gobierno local "ha malinterpretado la ley para hacer una traje a medida de manera torticera a Salom".
"ACTUACIÓN GARANTISTA DEL AYUNTAMIENTO"
Después del letrado de Salom, ha sido el turno del abogado que representa al Ayuntamiento. Durante su alegato, el juez ha llamado la atención a Salom y le ha pedido que escuchara al letrado y "dejara el Twitter", a lo que el asesor --conocido por ser asiduo de las redes sociales-- ha respondido que simplemente estaba tomando notas para preparar su derecho a la última palabra.
El abogado ha defendido que el expediente disciplinario abierto a Salom es "un acto de trámite que es inimpugnable" debido a que "no existe resolución definitiva aún", que tiene que acabar en archivo o suspensión definitiva, "pero aún no se ha dado", ha indicado.
También ha explicado que el hecho que motiva la incoación del expediente se inicia cuando se conoce por medio de la prensa que se inicia un procedimiento penal en el que está involucrado el asesor. Igualmente, ha sostenido que la casa consistorial trata de personarse en el 'caso Imelsa' cuando las acusaciones están relacionadas con delitos que sí podrían suponer un perjuicio contra el Ayuntamiento, en un momento en el que todavía no existía la pieza separada en la que únicamente se investiga un presunto blanqueo.
"Después nos deniegan ser acción particular pero nos invitan a personarnos como acusación popular", ha apostillado el letrado.
Por otro lado, el representante legal del consistorio valenciano ha afirmado que las retribuciones del personal eventual, como es el caso del denunciante, "tienen una partida en los presupuestos del Ayuntamiento". Además, ha asegurado que todos los empleados están sujetos a un código de conducta "que marca que deben tener honorabilidad y ejemplaridad".
El abogado ha señalado que "la actuación del Ayuntamiento ha sido garantista" ya que "se da audiencia a Salom en un procedimiento disciplinario" que "no es sancionador". Además, ha negado que exista "ningún indicio de actuación política en esto" debido a que "se han abierto expedientes disciplinarios a todas las personas investigadas". "Existe una alarma social y el Ayuntamiento tiene que tomar alguna medida", ha añadido.