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El Senado rechaza varias preguntas de ERC al Gobierno sobre la militancia 'popular' del presidente del TC

La Mesa del Senado ha rechazado varias preguntas de la senadora de ERC Esther Capella acerca de la militancia en el PP del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, al entender que la mayoría de las respuestas no son "competencia" del Gobierno.
La senadora presentó once preguntas relacionadas con este asunto, pero seis de ellas han sido rechazadas en la primera reunión de la Mesa del Senado en el nuevo periodo de sesiones, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La senadora quería saber si el Gobierno tenía conocimiento de que Pérez de los Cobos militaba en el PP, cuándo lo supo y cuándo se enteró de que se daba de baja como miembro del partido, así como si el actual presidente del TC informó de su militancia antes de su nombramiento.
Además, Ester Capella preguntaba la opinión del Ejecutivo sobre si alguien que ingresa en el Tribunal Constitucional siendo militante del PP "puede juzgar la Declaración de Soberanía del Parlamento catalán de manera imparcial", y si cree que se cumple en este caso el artículo 395 de la Ley del Poder Judicial, que impide a los jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos.
La Mesa ha dictaminado que estas preguntas no son de la competencia del Gobierno y no las ha admitido por tanto a trámite, pero sí lo ha hecho con otras relativas a las intenciones del Gobierno sobre cambios legislativos para evitar estos casos o si tiene intención de recurrir.
Pérez de los Cobos fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en diciembre de 2010, después de haber sido elegido por el Senado dentro del cupo de magistrados que le corresponde designar a la Cámara Alta. Mantuvo su militancia hasta 2011. El pasado 17 de junio, fue elegido presidente.
El conocimiento de la militancia de Pérez de los Cobos llevó por ejemplo al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat a plantear la recusación del magistrado en los siete recursos abiertos que atañen a ambas instituciones, por dudar de su imparcialidad para resolverlos. Entre los asuntos en cuestión, la citada Declaración de Soberanía o la Ley de Educación catalana.