El Senado devuelve la Ley de Tratados al Congreso para su aprobación definitiva

Se trata de la segunda iniciativa legislativa que parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde que José Manuel García-Margallo dirige el departamento, tras la Ley de la Acción y del Servicio Exteriormente del Estado, que ya está en vigor.

La Ley de Tratados --que sustituirá a un decreto preconstitucional, del año 1972-- pretende llevar un control de todos los acuerdos internacionales que firmen las Comunidades Autónomas, que deberán informar a Exteriores de los proyectos de acuerdos internacionales que pretendan rubricar, con carácter previo a su firma.

La Asesoría Jurídica del Ministerio dictaminará si ese acuerdo responde efectivamente al modelo de convenio que las CCAA están autorizadas a firmar o si, por el contrario, debería adoptar la forma de un tratado internacional, que solo puede suscribir el Gobierno.

No obstante, la ley no prevé ningún tipo de sanción en caso de que alguna CCAA o ente local no informe con carácter previo de los acuerdos internacionales que firme.

Aquellas propuestas de acuerdos que conlleven compromisos financieros serán remitidos, dice el proyecto de ley, al Ministerio de Hacienda para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos.

La norma regula los tres tipos de acuerdos internacionales existentes en la práctica española: tratados --que solo puede firmar el Estado como sujeto de derecho internacional--, acuerdos internacionales administrativos, que ejecutan o concretan los tratados y que podrán suscribir otros sujetos como las comunidades autónomas y los memorandos de entendimiento, que son en realidad declaraciones de intenciones que no deberían implicar obligaciones y que también pueden suscribir las autonomías.

Aunque deja claro que los tratados internacionales son competencia del Gobierno, el proyecto de ley establece que las autonomías deberán ser informadas de la firma de aquellos tratados que afecten a sus competencias, podrán instar al Estado a que celebre tratados en aquellos asuntos que sean de su interés y podrán formar parte de la delegación nacional que celebre estos tratados.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el debate en el Senado, el senador del PNV Iñaki Anasagasti ha advertido de que el proyecto de ley "peca de un excesivo control" por parte de la Administración central y ha defendido que queden fuera de la ley los acuerdos no normativos que deberían poder firmar "en libertad" las Comunidades Autónomas, con el único límite de no perjudicar la política exterior del Ejecutivo.

También el PSC ha abogado, por boca de su senador Joan Sabaté, por que los acuerdos no normativos queden fuera del proyecto de ley. La senadora del Grupo Socialista Paula María Fernández ha criticado por su parte que esta ley se haya hecho, a su juicio, "con prisa" y ha echado en falta en el texto un mayor control de las Cortes en materia de tratados y acuerdos internacionales.

Al igual que los partidos anteriores, el PSOE ha pedido dejar fuera de la ley los acuerdos no normativos y cree que genera más problemas de los que resuelve. "Tiene poco de acordado y menos de tratado", ha sentenciado la senadora en relación al proyecto de ley.

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores, Alejandro Muñoz-Alonso, ha reprobado a la oposición por "presentar pocas iniciativas, si dicen que la política exterior es tan importante", respondiendo así a las críticas que exigían un mayor control de las Cortes en materia de tratados y acuerdos.

En este sentido, el senador por el PP ha criticado a los gobiernos socialistas al decir que las leyes en materia de exteriores "caían en la esfera de exteriores, sin que el parlamento tomara la palabra".