El Senado aprobará la nueva financiación de partidos, con un recorte del 20 por ciento y otras limitaciones

El Pleno del Senado aprobará el miércoles la Ley de financiación de los partidos, casi un año después de que el Gobierno lo enviara a las Cortes, en diciembre de 2011, para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos. En esta tramitación, el recorte se ha ampliado a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, como la FAES que preside José María Aznar o la Fundación Ideas del PSOE.

La propuesta ha recibido varias enmiendas de los grupos del Senado, aunque el PP no admitirá más cambios y la ley será así aprobada definitivamente y enviada al BOE para su publicación y entrada en vigor.

Entre esas enmiendas, figura una firmada por PSOE, CiU, Entesa y PNV para que esa financiación de los partidos políticos se adecue cada año a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y que así quede recogido en la ley que la regula, con el objetivo de "vincular" estas subvenciones a la evolución de la economía española.

Además, CiU ha presentado una modificación para fijar la entrada en vigor de la ley en el próximo uno de enero de 2013, coincidiendo con "el ejercicio económico y contable que deben aplicar los partidos políticos".

Por su parte, las enmiendas de la Entesa piden que las subvenciones se repartan en función del número de votos, en vez de escaños como marca la ley, y que la disminución se realice de forma progresiva, de forma que se deduzca más a los partidos que más ingresos tienen --estas propuestas son compartidas también por el Grupo Mixto, que incluye otra batería de enmiendas para que la disminución de subvenciones se reparta entre los ejercicios de 2012 y 2013--.

La Ley salió del Congreso con un amplio acuerdo de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.

Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.

Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.

PONER LÍMITE A LA CONDONACIÓN DE CRÉDITOS

Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.

En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: Ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial). Además, ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.

Otra novedad de la reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que sólo hacía propuestas de recorte de subvención y ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave. En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma.

MÁS CONTROL SOBRE LAS FUNDACIONES

Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.

Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.