Sindicatos y partidos alertan de que la ley de reforma local destruirá 25.000 empleos en Comunidad Valenciana

Así lo han puesto de manifiesto representantes del ámbito municipal de los seis partidos políticos y organizaciones sindicales en la rueda de prensa de presentación de la 'Trobada pel municipalisme' (Encuentro por el municipalismo) convocada para este sábado 30 de noviembre en el teatro Tívoli, a las 11.00 horas, y a la que han invitado a asistir a toda la ciudadanía.

La futura norma, según Estefanía Candel (EUPV), "criminaliza a los ayuntamientos", quitándoles competencias cuando su deuda supone "solo" el 5% del déficit global. "Lo que necesitamos es una reforma más cercana a la ciudadanía, no más lejana que es lo que hace el PP", ha puntualizado.

Desde el PSPV-PSOE, Concha Andrés ha lamentado el "ataque e invasión" de la futura ley a las competencias de los consistorios en materia de servicios sociales, sanidad y educación. "En la Comunidad Valenciana podemos ponernos a temblar si tenemos en cuenta su deuda autonómica y que ahora estas competencias pasan a la CCAA. Si no tiene recursos económicos, en un tiempo la consecuencia va a ser la desaparición de muchos servicios públicos a los ciudadanos", como son la atención de ayuda a domicilio, a la violencia de género o escuelas de adultos e infantiles, ha ejemplificado.

Se pasa a un modelo de "concentración" de servicios, sobre todo en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que quedan "supeditados" a las Diputaciones, "instituciones muy cuestionadas en estos momentos", ha apuntado Andrés, ya que a su entender "deberían desaparecer". En concreto, hay 542 municipios en la Comunidad, de los cuales 478 (el 88%) tienen menos de 20.000 habitantes, lo que supone el 71% de la población.

En la misma línea, Teresa García (Compromís) ha señalado que el modelo "recentralizador" de la reforma afectará "los servicios de proximidad" y "desmantelará" el estado de bienestar a nivel local.

"CONFLICTIVIDAD SOCIAL"

Desde los sindicatos, Julio Conesa (CCOO-PV) ha advertido que de aplicarse la reforma en ley local, se producirá un "problema de crispación" y "la conflictividad social va a estar al pie del cañón" cuando la gente sufra las consecuencias de la "desaparición de los servicios sociales". Si hasta ahora no ha sido así, ha sido gracias a las cobertura que daban los servicios sociales del municipio, ha asegurado.

"La gente no tiene ni idea de lo que se le viene encima" con la futura norma, cuya intención final no es ni privatizar, ha dicho, "sencillamente destruir" aquellos servicios sociales que no pueda pagar.

"Las personas se van a quedar sin recibir esos servicios", ha argumentado también desde UGT-PV, Paco Caballero. Algunos se externalizarán y se privatizarán, de modo que quien no pueda pagarlos se quedará sin ellos y quien sí pueda, verá encarecidas las tasas, ya que tendrá que abonar, el servicio, el IVA y un "beneficio industrial" para la empresa que lo lleve a cabo.

Así, Pepe Arcos (CSIF) ha lamentado la "injusticia" del proyecto de ley que "ataca" la administración "más eficiente", la local cuando son la autonómica y la estatal las "más endeudadas" "Somos los hermanos pobres y nos han atacado y millones de ciudadanos se van a ver perjudicados con la merma de los servicios sociales que tienen actualmente".