El Supremo obliga al CGPJ a convocar una plaza en Cataluña y le acusa de perjudicar el "interés público" por retrasarla

El Tribunal Supremo ha obligado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a ofertar la plaza del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona que permanece vacante desde septiembre porque retrasar su cobertura choca contra el "interés público" y provoca una situación de "anormalidad organizativa".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón al magistrado de Cádiz Manuel Ruiz de Lara, especialista en la Jurisdicción Mercantil que advertía de que si el Consejo esperaba a convocarla después de que saliera publicada una nueva promoción de jueces se vería perjudicado por los miembros de esa lista que cuenten con el mérito del conocimiento de la lengua autonómica y el derecho foral, pese a estar detrás suyo en el escalafón.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal ratifica la medida cautelarísima de ordenar al órgano de gobierno de los jueces que saque a concurso la vacante por los "evidentes" perjuicios que ocasiona tener una plaza desierta en un juzgado de lo mercantil y cuando se produce la circunstancia de que el recurrente "se encuentra en condiciones" de ocuparla.

Los magistrados afean al órgano, que preside Carlos Lesmes, la "escueta" respuesta que dio a Ruiz de Lara cuando le informó de que no tenía la intención de sacar la vacante hasta el 20 de enero, pero sin justificar el "por qué" del retraso.

Además, enfatizan que esa tardanza "choca contra el interés público de que las vacantes se cubran cuanto antes, por ser la situación de vacancia una anormalidad organizativa".

ATENDER EL ELEVADO VOLUMEN DE ASUNTOS EN EL JUZGADO

El demandante denunció el retraso del órgano de gobierno de los jueces a incluir la plaza en varios concursos que había convocado durante los últimos meses y se mostró interesado en cubrirla en atención al "elevado volumen" de asuntos del juzgado.

Ruiz de Lara puso de relieve los "perjuicios familiares, personales y profesionales" que sufría al residir su familia en Barcelona, lo que le obligaba a efectuar "continuos traslados" a la ciudad condal con un "evidente menoscabo en la convivencia familiar". Este magistrado es portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que ha denunciado ante la ONU la politización del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial.

Tras el acuerdo del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Ruiz de Lara, que ya trabajó en el pasado en Barcelona, ha logrado finalmente la plaza del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona y su nombramiento será publicado en las próximas semanas en el Boletín Oficial del Estado.