Supremo confirma 3 años de cárcel y 5,5 de inhabilitación para el exjefe de Minas de Valladolid Maurilio Parrado

El Tribunal Supremo ha confirmado en todos sus términos la condena de tres años de prisión y otros cinco y medio de inhabilitación recaída sobre el exjefe de la Sección de Minas de Valladolid entre los años 2000 y 2004, Maurilio Parrado Castro, tras considerar probado que presionó a empresarios del sector al objeto de obtener de ellos dádivas a cambio de agilizar la tramitación de expedientes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La sentencia del Alto Tribunal desestima así el recurso de casación interpuesto por el condenado y confirma la anterior, de mayo de 2013, dictada por la Sección Segunda de lo Penal, que consideró acreditado que Maurilio Parrado incurrió en un delito continuado de cohecho (artículo 425.1 del C.P) en concurso con un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios (art. 439) y en un delito de falsedad en documento oficial.

Por ello, el TS, que además impone costas al recurrente, ratifica la condena de tres años de prisión y un total de cinco años y medio de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, sendas multas de 9.450 euros y 2.700 euros, junto con la obligación de indemnizar al empresario Julio César Valle en la cantidad de 9.652 euros.

La sentencia, ahora confirmada, acordó en su momento, sin embargo, absolver al exjefe de Minas de un delito de cohecho del artículo 420 y de otro de negociaciones prohibidas a funcionarios, del artículo 441, de los que también había sido imputado, al tiempo que liberó de todos los cargos a Amado Parrado Castro, hermano del anterior e ingeniero de Minas, que compartió banquillo con el condenado en el mismo proceso.

El proceso judicial, caracterizado por numerosas y maratonianas vista, concluyó el día 27 de febrero del pasado año. El fiscal y las acusaciones particulares habían solicitado para Maurilio y Amado Parrado Castro penas de seis y dos años de cárcel, respectivamente, en el primer caso por delitos de cohecho y prevaricación en concurso con falsedad en documento oficial y negociaciones como abogado sin estar colegiado, y en el caso de su hermano como cooperador necesario en el de cohecho, mientras que las indemnizaciones reclamadas por las empresas perjudicadas se elevaron a 56.000, 230.000 y 968.000 euros.

Y es que el fiscal y las cuatro acusaciones particulares personadas en el juicio por presunto cohecho contra los hermanos Maurilio y Amado Parrado Castro sostuvieron que el primero de ambos, entonces responsable del departamento del ramo en Valladolid, se consideraba "señor absoluto" del sector.

LA "ATALAYA" DE MAURILIO

En ese contexto, consideraron probado que desde la "atalaya" que ocupaba Maurilio Parrado aprovechó para "presionar", "coaccionar" y "someter" a distintas empresas condicionando la suerte de sus expedientes a la obtención de favores para él y su hermano, desde la contratación de Amado por parte de las mercantiles hasta la entrada de ambos como socios de las mismas o la designación por parte del entonces jefe de Minas de los ingenieros que tenían que redactar y firmar los proyectos.

En tales términos se expresaron en el juicio la acusación pública, el letrado de la Junta y los de las tres empresas supuestamente perjudicadas, Gracalsa, Álvarez Fray y Julio César Valle y Minas, quienes hicieron causa común y, en sus respectivos informes, insistieron en que hay una "clara solicitud" de dádivas por parte de Maurilio Parrado como condición impuesta a los empresarios para agilizar sus proyectos y que éstos no quedaran olvidados en algún cajón de su despacho en la Sección de Minas.

Los acusadores coincidieron en la consideración de que el entonces jefe de la Sección de Minas vio facilitada su labor delictiva en el hecho de que era el único ingeniero de minas del departamento y, por ello, su "control era absoluto" y sus informes "determinantes" para el desenlace de los expedientes tramitados por los empresarios de áridos de la provincia.

"Lo que hace Maurilio Parrado para dominar el sector es recordar a los empresarios que él era el jefe y que todo depende de sus informes, para luego solicitar ventajas o dádivas para que los expedientes tuvieran un feliz desenlace", resumió el acusador público.

Por su parte, la defensa de Maurilio Parrado, había denunciado la "absoluta indefensión" de su patrocinado ante la inconcreción de los hechos imputados por las acusaciones y, sobre todo, al no haber presentado éstas el documento supuestamente falsificado que se atribuye a su cliente.

Pero además, en su informe final trató de desvirtuar el testimonio del empresario Julio César Valle, primero en denunciar los hechos, ante su "falta de credibilidad y continuas contradicciones" y situó a éste como instigador del proceso sobre el que pivota el resto de acusadores particulares, "que se mueven por intereses económicos temerarios".

El representante del exjefe de Minas mantuvo que todos los expedientes tramitados por éste se ajustaban escrupulosamente a la legalidad y recordó que su patrocinado difícilmente pudo prevaricar por cuanto no tenía poder decisorio ni facultad para autorizar proyecto alguno, algo sólo reservado a su superior jerárquico, el entonces jefe del Servicio de Industria, Ricardo del Fresno.

El defensor, a su vez, incidió también en que buena parte de los hechos imputados a Maurilio Parrado se produjeron cuando éste no ocupaba la jefatura de minas, lo que pondría en tela de juicio su poder coercitivo, y consideró poco creíbles y más propias de la "paga de un adolescente" las supuestas "mordidas" de entre 100 y 300 euros mensuales que su cliente habría obtenido durante dos años de la empresa de Julio César Valle.

Asimismo, el letrado de la defensa había calificado de "sangrante" que algunas de las empresas personadas como acusadoras responsabilizasen a Maurilio de precintar o tratar de entorpecer su actividad cuando éste se limitó a aplicar la legalidad.

Como ejemplo de ello citó el caso de la fábrica de Cementos La Parrilla, construida sin autorización de Minas e Industria, y sobre todo de la gravera 'El Lucero' de Álvarez Fray situada en Laguna de Duero, finalmente precintada y sobre la que había numerosas órdenes de cierre de distintas administraciones por encontrarse en situación "absolutamente ilegal".

CONDENA POR "IDIOTA E IMBÉCIL"

El propio Maurilio Parrado, al hacer uso de su derecho a unas últimas palabras en la vista final, pidió en tono irónico a la Sala que le condenase por "imbécil e idiota" si los magistrados llegaran a creer que en su primera entrevista o encuentro con empresarios del sector se dedicó ya a presionarles al objeto de obtener de ellos distintas dádivas a cambio de agilizar la tramitación de expedientes administrativos.

El exjefe de Minas proclamó su absoluta inocencia a lo largo del juicio y pidió al tribunal que antes de dictar el correspondiente fallo se leyera con detenimiento los expedientes supuestamente irregulares que se le imputan y la Ley de Minas, al considerar que tales pruebas constituyen su "mejor defensa", al tiempo que recordó que la práctica totalidad de irregularidades que se le atribuyen ya fueron objeto de análisis en sendos expedientes disciplinarios que la propia Administración regional le abrió en 2003 y 2004 y de los que salió "completamente absuelto y limpio".