El Supremo anula el archivo de la causa contra el alcalde de Elche (PSPV) por pago de facturas

La sentencia de la sala de lo Penal del alto tribunal, facilitada a Efe, estima el recurso de casación del PP ilicitano y determina que la Audiencia alicantina debió unir las diligencias preprocesales practicadas por el fiscal y las ampliatorias de la acusación particular, del PP, antes de emitir su auto exculpatorio.

El Supremo aclara que no discute la plena jurisdicción de la Audiencia de Alicante y añade que únicamente anula su auto de sobreseimiento y le pide que, una vez unidas las nuevas diligencias, dicte la resolución procedente.

El auto anulado de la Audiencia de Alicante, de fecha 19 de junio de 2009 y dictado por la sección séptima (sede en Elche), sobreseyó y archivó el procedimiento abierto por el juzgado de instrucción ilicitano número 4 contra el alcalde por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además, ese auto también denegó la petición del PP de ampliar su querella inicial (que dio origen a la investigación) con facturas posteriores bajo el argumento de que así se evitaba una sucesiva e ilimitada ampliación de un proceso penal incoado a partir de unos hechos concretos.

La imputación del alcalde socialista de la tercera ciudad en población de la Comunitat Valenciana se produjo después de que, el 25 de febrero de 2009, el PP ilicitano se querellara por presuntas irregularidades en el pago de dos facturas al grupo local de comunicación "Prensa y Noticias", que sumaban unos 6.000 euros.

Desde un primer momento, el alcalde adujo que había sido un "error administrativo" y procedió a rectificar mediante el cobro del dinero pagado irregularmente al grupo de comunicación.

Soler, que además de alcalde es vicesecretario general de los socialistas valencianos, declaró judicialmente el 21 de abril de 2009, y, tras insistir en su equivocación, acusó al querellante (PP) de tratar de sacar un rédito político.

El auto anulado consideró que había indicios para suponer que Soler (que firmó las facturas cuando era concejal de Hacienda y Fomento y candidato a la Alcaldía) firmó los pagos cometiendo un error, aunque sin "dolo", ya que si hubiera "querido engañar" habría podido "dar un concepto distinto, que no llamara la atención".

La sentencia del Supremo, cuyo ponente es José Antonio Martín Pallín, estima la pertinencia del recurso de casación al tratarse de un posible delito de malversación de caudales públicos, supuesto castigado con una pena básica de tres a seis años de prisión, al superar las cifras manejadas los 4.000 euros.

Incide en que, antes del archivo y sobreseimiento, era procedente practicar las pruebas solicitadas tanto por el fiscal como por la acusación particular.

De esta manera, la causa penal se retrotrae al momento procesal en el que se deniegan las pruebas, y una vez que éstas se practiquen, la Audiencia se pronunciará, "sin que ello suponga prejuzgar en absoluto el fallo definitivo y sin que sea necesario dictar segunda sentencia".