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El Supremo se pronuncia en contra del indulto a Alfredo Sáenz

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha informado desfavorablemente sobre el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, ante la condena a tres meses de arresto e inhabilitación por el delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, según confirmaron fuentes jurídicas.
La Sala concluye que "no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto, por lo que se informa desfavorablemente". Este informe no es preceptivo y será el Gobierno el que tenga la última palabra.
El Supremo enviará ahora su decisión al Ministerio de Justicia que lo remitirá al Consejo de Ministros, el cual tendrá que tomar la decisión final y publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La petición de indulto, presentada por el propio Sáenz el pasado mes de febrero tras conocer la sentencia condenatoria del Alto Tribunal, cuenta con el informe favorable del Ministerio Fiscal.
El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia que condenó al consejero delegado del Banco Santander, así como a Miguel Ángel Calama, antiguo director de Banesto en Cataluña, y al abogado Rafael Jiménez de Parga.
El tribunal atendió así a la petición formulada por el ejecutivo de la entidad cántabra y de los otros tres condenados, a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo y que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre la petición de indulto.
Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que figuren antecedentes penales. Esta decisión dependerá del Banco de España, quien debe determinar "la honorabilidad" del banquero, según el tribunal.
Sáenz llegó a la presidencia de Banesto a principios de 1994, después de que la entidad fuera intervenida en diciembre de 2003 por el Banco de España, y emprendió una estrategia de recuperación de créditos impagados con el objetivo de sanear la entidad.
Esta situación condujo al banco a presentar una querella contra los accionistas del grupo Harry Walker Pedro Olabarría, los hermanos Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González, por el impago de una deuda al banco de más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). Los tres fueron encarcelados por el juez Luis Pascual Estevill, que posteriormente fue condenado por prevaricación y detención ilegal.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aprobó su decisión en contra del indulto por unanimidad del presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Miguel Colmenero, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.