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TC admite el recurso de la Defensora del Pueblo contra la medida que deja a alcaldes aprobar ajustes sin apoyo del Pleno

Becerril atendió la petición de Izquierda Plural que denunciaba que la medida socava los principios democráticos
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, contra la medida aprobada por el Ejecutivo que permitía a las Juntas de Gobierno municipal acogerse al plan de ajuste puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para ayuntamientos con graves problemas financieros, aunque no contaran con el respaldo del Pleno.
En concreto, el recurso de la Defensora del Pueblo, interpuesto a petición del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, denunciaba la inconstitucionalidad de varios puntos de la disposición adicional tercera del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.
En dicha disposición adicional, el Gobierno permitía que las Juntas de Gobierno Local, e incluso a los alcaldes en el caso de no haber junta, tuvieran la capacidad de decidir adherirse al plan de rescate de Hacienda, aunque la medida no hubiera recibido la luz verde del Pleno.
Según explicaron fuentes de Hacienda consultadas por Europa Press, el Gobierno adoptó esta medida al constatar que muchos ayuntamientos con problemas financieros no habían podido acogerse al plan de rescate por "problemas de gobernabilidad", es decir, por no tener el apoyo suficiente en el Pleno para sacar adelante la propuesta.
ROMPE LAS "REGLAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO"
No obstante, según la Defensora del Pueblo, esta medida restringe el "reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local" --en palabras del propio Tribunal Constitucional--, que configura el régimen de autonomía municipal, al atribuir al Ejecutivo municipal competencias que son del Pleno de la Corporación.
El recurso de Becerril ante el TC atendía a la solicitud presentada el pasado diciembre --el mismo mes en que la norma fue convalidada por el Pleno del Congreso-- por el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, quien advirtió de que se estaba atacando la autonomía municipal.
El portavoz económico de la Izquierda Plural en el Congreso señaló que las medidas incluidas los apartados citados "colisionan notoriamente contra el funcionamiento democrático" de las corporaciones locales y sientan "un precedente político enormemente peligroso" porque "justifican la ruptura de las reglas del juego democrático en aras de una supuesta solución a la crisis económica".