La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, que el Tribunal resolverá en los próximos meses, ni tampoco suspende la vigencia de la ley. De momento, se ha dado traslado de las dos demandas al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de 15 días para personarse y formular las alegaciones que estimen oportunas.
