Se trataba de una medida cautelarísima -denominada así por la rapidez con la que debe resolverse- solicitada por el Ejecutivo de Artur Mas en el curso de esta demanda, en la que se pide la anulación del acuerdo del Ejecutivo por la vía de la protección de los derechos constitucionales.
Entiende el Gobierno de Mas que el recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de esta decisión del Consejo de Ministros vulneró los derechos de participación, libertad de expresión y libertad ideológica.
