El juez del TS Jorge Barreiro pide a Alaya que le informe de cuántos "intrusos" hubo en los ERE

El requerimiento del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, tiene fecha del pasado 12 de junio y será contestado previsiblemente por la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que toma precisamente este martes posesión de su plaza en sustitución de Mercedes Alaya, quien pese a ascender a la Audiencia Provincial quedará de refuerzo en dicho órgano tras solicitarlo y serle concedido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su declaración en el Tribunal Supremo del pasado 30 de abril, el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández García explicó a preguntas de su defensa que las ayudas socio-laborales que se investigan en esta causa supusieron entre el 85 y el 88 por ciento del gasto de la Junta en esta materia, y que el resto fueron ayudas a empresas.

MÁS DE MEDIO CENTENAR

Según Fernández, cuando comenzó esta investigación judicial en Sevilla se inició un proceso de investigación de todas las ayudas y al principio se habló de unos 200 intrusos y después de las alegaciones la cantidad de éstas personas que se fijó no superaba los 60. Suponían, según este imputado, entre el 0,9 y el 1 por ciento del total que dispuso de estas ayudas socio-laborales.

Por todo ello, este exconsejero imputado por la juez Alaya señaló en su día ante el magistrado Jorge Barreiro que podía garantizar que la decisión política de ayudar a los trabajadores que perdieron su empleo con difícil inserción se había cumplido y toda la ayuda había ido al "interés público social" al que estaba destinada.

Fernández abundó durante su declaración en que todos los beneficiarios de los ERE disfrutan hoy de su pensión de jubilación y que aproximadamente el 30 por ciento se destinaron a pagos a la seguridad social para garantizar las pensiones de jubilación, y se hicieron directamente a la tesorería de la Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN

Por otra parte, el magistrado del Supremo ha dictado otra providencia en la que da por recibidas cuarenta cajas con miles de folios de documentación presupuestaria sobre las ayudas socio-laborales que los abogados defensores consideran fundamentales para demostrar que el parlamento tenía toda la información para aprobar las ayudas socio-laborales del denominado programa 31.L.

En su comunicación al Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press la juez Alaya afirma que no han podido ser escaneados y ha remitido la documentación original completa. También se ha remitido el informe de la Jefa de la Cámara de cuentas de Andalucía, contrario a las tesis de los peritos de la IGAE, que cuestionan el uso de las denominadas "transferencias de financiación" para dotar a las ayudas.

Se trata de 40 cajas con miles de folios encuadernados en tomos, que contienen información solicitada al parlamento andaluz por la jueza Mercedes Alaya y remitidos por el legislativo andaluz con fecha 19 de agosto de 2014. Según las defensas, los documentos remitidos por el parlamento demuestran que el destino de cada partida presupuestaria destinada a ayudas sociolaborales estaba claramente establecido desde el principio.

Las cajas contienen, entre otros documentos, la memoria del anteproyecto de ley, fichas presupuestarias, memorias de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas.