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TSJA admite a trámite el incidente de nulidad sobre la vista por la licencia del Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el incidente de nulidad de actuaciones presentado por Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción y estudiará si procede invalidar la audiencia pública que se celebró el 14 de enero para dirimir la conformidad o no a derecho de la licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).
La resolución de la Sección Tercera de la sala de lo contencioso-administrativo acuerda suspender el plazo para el dictado de sentencia en este procedimiento y reitera los cinco días dados al resto de partes --Ayuntamiento de Carboneras, Azata, Junta de Andalucía y Abogacía del Estado-- para que manifiesten lo que a su derecho convenga con respecto a esta petición, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción han solicitado al Alto Tribunal que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la celebración de la vista al considerar que existen "irregularidades" en la designación del tribunal que debe decidir si se confirma o revoca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería que ordenó en 2008 la revisión de oficio de la licencia de obras por vulnerar la Ley de Costas y la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En concreto, argumentan que el TSJA acordó el 6 de noviembre de 2013 designar como presidente y nuevo ponente al magistrado Rafael Toledano Cantero debido a la baja por enfermedad de la hasta entonces ponente, la magistrada María del Mar Jiménez Morera, y se acordó celebrar juicio sin que ninguna de las partes lo hubiese solicitado.
Señalan que citada ponente se incorporó a su destino antes de la celebración del juicio, por lo que, según dicen, debió de ser la juez María del Mar Jiménez Morera quien decidiera si se celebraba o no el juicio, y quien participase en él, en caso de celebrarse, por lo que se habrían incumplido presuntamente las Normas de Sustitución de Magistrados y Reparto por las que re rige el TSJA. Sostienen, además, que el juez ordinario en esa causa es la citada ponente por lo que, a su juicio, se está "vulnerando" el artículo 24 de la Constitución "por privación del derecho fundamental al juez ordinario".
Antes de resolver si admitía o no a trámite el incidente de nulidad, la Sección Tercera conminó a Ecologistas en Acción y a Salvemos Mojácar a que explicasen "cuándo y cómo" habían tenido conocimiento de la incorporación tras una baja laboral de la magistrada ya que, para proceder a su análisis, debía haberse producido dentro de un plazo de 20 días antes de la presentación del citado incidente.
Cabe recordar que pese a que la vista en audiencia pública se celebró el 14 de enero y que se anunció mediante una providencia notificada a las partes que se dictaría sentencia el 25 de febrero, el tribunal comunicó ese mismo día que "continuaba deliberando" y que la resolución "se redactaría, notificaría a las partes y se haría pública en aproximadamente diez días".
El pasado 10 de febrero, la sala ya resolvió por primera vez ampliar el plazo para dictar sentencia y alegó para ello "la complejidad y la extensión de las actuaciones" que alcanzan los cuatro tomos y los 1.633 folios, así como el propio expediente administrativo "compuesto por diez cajas y cientos de planos y documentos".
Los colectivos ecologistas han estado trasladando estos días, incluso antes de la publicación de la sentencia de esa misma sección que declara urbanizable el suelo sobre el que se levanta el hotel de una veintena de plantas y de 411 habitaciones, su "preocupación" ante las "irregularidades" detectadas en la causa y la demora "injustificada" en la publicación de la sentencia.
En esta línea, la querella criminal elevada ante el Tribunal Supremo (TS) por Salvemos Mojácar por una presunta prevaricación contra los magistrados que dictaron la polémica resolución de hace una semana y para los que ha pedido al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) la recusación, se dirige también contra presidente de la sala y ponente de la sentencia por conocer sobre la licencia, el magistrado Rafael Toledano.