El TSJCV mantiene en prisión a Tauroni, pendiente de sentencia, al existir riesgo de fuga

En un auto de este pasado jueves, contra el que no cabe recurso, la sala ha acordado rechazar la alegación del acusado contra una decisión anterior en la que acordaba mantenerlo en prisión --actualmente es el único de los procesados en las dos piezas de la causa que lo está-- al considerar que no han variado las circunstancias en este caso y que, por parte de la defensa, no se han desvirtuado los argumentos adoptados en su día para que siga en la cárcel.

"COMPLEJA CAUSA"

De hecho, indica que la sala ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre esta petición "sin que por el poco tiempo transcurrido hayan podido modificarse las circunstancias valoradas". Así, señala que "siendo la finalidad de la medida asegurar la presencia del acusado a juicio", no solo durante las sesiones ya celebradas sino también que esté a disposición de la sala en el momento en que se dicte sentencia, y dado que el tribunal está en "fase de estudio de esta compleja causa", se decide mantenerlo en prisión "en tanto no se perfile completamente la eventual responsabilidad del recurrente al subsistir ese riesgo de fuga".

En esta causa a Tauroni se le ha juzgado junto a la cúpula de la extinta Conselleria de Solidaridad, incluido el exconseller y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, por la pieza relativa a las ayudas concedidas a la Fundación Cyes, una de las dos que tiene la causa. El fiscal reclama para él once años de cárcel y 21 de inhabilitación. Al inicio del juicio, la sala ya decidió prorrogar la prisión de Tauroni por un plazo máximo de dos años.

El tribunal en otras resoluciones ha recordado que el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento criminal establece que la situación provisional podrá ser decretada si existe uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión; que aparezcan motivos bastantes para creer a la persona responsable del delito; y cuando se quiera asegurar su presencia en el proceso ante un riesgo de fuga o que se puedan destruir pruebas relevantes.