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TSJPV mantiene la suspensión cautelar de la desanexión de Igeldo y desestima los recursos

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado los recursos de reposición interpuestos por la asociación Itxas Aurre y la Diputación de Gipuzkoa y ha decidido mantener la suspensión cautelar del decreto foral por el que se aprueba la segregación del barrio de Igeldo de San Sebastián.
El TSJPV, en un auto fechado el pasado día 22, desestima los recursos presentados por ambas entidades frente al auto con fecha del 12 de febrero en el que se acordaba la medida cautelar de suspensión de la efectividad mientras se resuelve el proceso del decreto foral que daba el visto bueno a la constitución como nuevo municipio del barrio donostiarra. Ante esta resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cabe interponer en el plazo de diez días un recurso de casación.
El tribunal deniega, asimismo, la petición de la asociación Itxas Aurre de que, con carácter subsidiario, se mantenga la constitución efectiva de la comisión gestora del municipio de Igeldo hasta la celebración de las próximas elecciones municipales y la constitución del nuevo Ayuntamiento.
Tanto Itxas Aurre como la Diputación guipuzcoana alegaban en su recurso que los perjuicios que pudiera generar la desanexión "no serán de imposible o difícil reparación, sino de escasa relevancia".
En ese sentido, cree que los recurrentes "soslayan la entidad y trascendencia" de la constitución de un municipio independiente "que ha de estar dotado de una estructura administrativa con medios materiales y humanos para el ejercicio de las competencias administrativas atribuidas a los entes locales, que ha de contar con sus propias infraestructuras, ahora integradas en la estructura urbana general del Ayuntamiento de San Sebastián, y con la financiación necesaria para garantizar la prestación de los servicios, todo ello con un impacto económico indudable".
Asimismo, apunta que Itxas Aurre y la Diputación guipuzcoana "no dan razones que evidencien los perjuicios derivados del aplazamiento" de la desanexión hasta la conclusión del proceso judicial, al tiempo que apunta que "han transcurrido casi 20 años desde la iniciación del proceso de segregación" sin que conste que "el mantenimiento de la situación previa al decreto 46/2013 haya generado específicos perjuicios".