El TSXG rechaza asumir la denuncia del exalcalde de Santiago Conde Roa contra su predecesor en el Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado asumir la denuncia por supuestas irregularidades urbanísticas interpuesta por el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP) contra su predecesor en el cargo, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, actualmente diputado en el Parlamento gallego.

De esta forma, según explica el alto tribunal, los magistrados han decidido devolver las diligencias al juzgado instructor "para que continúe la investigación respecto de todas las personas que resulten responsables de cometer ilícito penal" y, si es el caso, "individualizar la conducta" de Sánchez Bugallo y de cualquier otra persona aforada "exponiendo razonadamente los indicios de criminalidad y sus correspondientes pruebas".

En los razonamientos jurídicos del auto, la sala sostiene que "no resulta procedente aceptar la competencia para investigar los hechos presuntamente delictivos cometidos, entre otros, por el diputado Sánchez Bugallo".

Al respecto, argumenta que hay que tener en cuenta que, como expone el Ministerio fiscal, "si bien en la denuncia formulada por Conde Roa sólo se menciona a dos personas, lo cierto es que los hechos descritos afectan, y así se infiere, a varias personas que de haberse cometido los delitos que se dicen, responderían como autores o partícipes".

La sala del TSXG concluye que, "una vez que progresen las diligencias y, si como parece son varias las personas involucradas en los hechos, debe remitirse exposición razonada al Tribunal Superior respecto del aforado o aforados" que hubiese, junto con el testimonio que sea necesario.

DENUNCIA DE CONDE ROA

El pasado mes de junio, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, había remitido al alto tribunal la denuncia por supuesta prevaricación administrativa al respecto de la Finca do Espiño. La denuncia había sido presentada el 15 de abril y el Ministerio Fiscal había informado el 5 de mayo.

Las resoluciones que Conde Roa consideró prevaricadoras están relacionas con temas urbanísticos del Ayuntamiento de Santiago, en concreto convenios de 2001 y 2005, así como la revisión del plan general de 2008.

En su querella, Conde Roa denunciaba que podrían ser constitutivos de delito "la condonación" a la promotora Layetana de la obligación de pagar el 10% del aprovechamiento urbanístico, que cifra en 651.000 euros, y "la inacción, en perjuicio del Ayuntamiento de Santiago, en el cobro del aval depositado por la compañía Layetana para responder a las obligaciones derivadas del convenio".

En septiembre de 2012, el gobierno de Santiago, ya con Ángel Currás (PP) en la Alcaldía, ejecutó el embargo de los 2,3 millones de euros que le adeudaba la promotora de la finca do Espiño en compensación por el convenio suscrito entre ambas partes para el desarrollo urbanístico de esta finca. Esta cantidad reclamada a Layetana se basa en una sentencia judicial del año 2011.

En tercer lugar, en su denuncia Conde Roa también aludía a un "fraude en la concesión de licencias de residencial comunitario para la construcción de apartamentos", lo que advierte que suponía "grave pérdida de plusvalías generadas en beneficio de los ciudadanos". Según aseguraba, las licencias concedidas bajo el epígrafe de residencial comunitario son en realidad viviendas y alerta que se trata de "un fraude que durante el mandato de Sánchez Bugallo se repitió de forma masiva".

PROTOCOLO

En octubre de 2011, Conde Roa suscribió un protocolo con Layetana mediante el cual la Finca do Espiño tendría un uso exclusivamente residencial, de forma que se descartaba la construcción de un geriátrico conformado por apartamentos, el uso que estaba previsto en función de la calificación de la parcela como residencial comunitario y del convenio firmado en 2001. El cambio de usos con el nuevo protocolo habilitaba el lugar para levantar 120 pisos.

Sánchez Bugallo, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago tras haber perdido el bastón de mando, había advertido que trasladaría a la Fiscalía Anticorrupción lo que calificó como "el mayor escándalo urbanístico" de la capital gallega "en los últimos 25 años". Conde Roa tuvo que dimitir en abril de 2012 al ser imputado por defraudar a Hacienda, a través de su promotora inmobiliaria, 291.000 euros, causa por la cual fue condenado a dos años de cárcel.