Termina la investigación italiana sobre 139 imputados por la Operación Cóndor

Capaldo comenzó en 1998 sus investigaciones sobre la desaparición de 25 italianos en la Operación Cóndor, urdida por los responsables de las juntas militares y servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil para reprimir en los años 70 y 80 la oposición a estos regímenes.

El 24 de diciembre de 2007, tras la petición de Capaldo, la jueza del tribunal de Roma, Luisanna Figliolia, ordenaba la detención de los 140 imputados en el caso, y ese mismo día se arrestaba en Salerno (sur de Italia) al ex militar uruguayo Néstor Jorge Fernández Troccoli.

Sin embargo, éste fue excarcelado en abril de 2008 al considerar el Tribunal que "no existían pruebas suficientes para mantenerle en prisión preventiva".

De esta larga lista, el único que ha sido encarcelado es el ex fiscal militar durante la dictadura chilena Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras haber sido detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas.

En concreto, Podlech está acusado de la desaparición en la cárcel de Temuco del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli.

En estos años, Capaldo se ha dedicado a recoger información e interrogar a testigos sobre las actividades de los 140 imputados, en total 59 argentinos, 7 bolivianos, 11 brasileños, 20 chilenos, 6 paraguayos, 4 peruanos y 33 uruguayos, que se han quedado en 139 tras la muerte del ex responsable de la Marina argentina, Emilio Massera.

Capaldo tiene intención de pedir el enjuiciamiento en ausencia de los 139 imputados, entre ellos el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla; mientras que entre los uruguayos está el ex presidente Juan María Bordaberry, su sucesor Gregorio Álvarez, el ministro de Defensa Walter Ravenna y los de Exteriores, Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira.

También se pedirá enjuiciar al ex jefe de la policía política de la dictadura militar chilena (DINA) Juan Manuel Contreras y al ex ministro del Interior de Paraguay Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, al ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y al primer ministro de ese país Pedro Prada Richter.

En octubre de 2008, Capaldo advirtió a los imputados sobre la necesidad de que designen un abogado y fijen un domicilio en Italia para recibir las convocatorias judiciales, pero "las respuestas fueron muy pocas".

Tampoco Argentina ha entregado a Italia, a pesar de la orden de arresto, al ex militar uruguayo Antranig Ohannessian, detenido en el aeropuerto de Buenos Aires.

Los abogados Luca Milani y Enrico Liberati, que representan en Italia a algunos de estos imputados, afirmaron en una nota que "se trata del enésimo proceso a la Historia, (...) que está fundado en una extensiva utilización de la ley sobre el 'concurso de delito'".

"Es incomprensible que se acuse, por ejemplo, a máximos exponentes del Gobierno de Perú, país que históricamente se ha considerado que no participó en el 'sistema Cóndor', de haber ordenado estas conductas ilegales de las que son considerados responsables los Jefes de Estado de otros países de Sudamérica", añadieron.