Testigos dicen que les presentaron Valencia Summit como un proyecto "chulo" y no sabían que violaba la ley

Así lo ha expresado la abogada del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, Virginia López, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia al finalizar las declaraciones de los testigos citados. Igualmente, ha asegurado que el procedimiento de adjudicación contemplado en la ley vigente fue "violado".

Por otra parte, la abogada ha destacado que ha quedado acreditado que "la mayor parte de los ingresos que tiene la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) es dinero público" y "debe someterse" a la ley de contratos del Estado, y en el caso de las adjudicaciones con el Instituto Nóos "no se sometieron".

Asimismo, López ha explicado que sus preguntas han ido dirigidas hacia los patronos para conocer si "se les había informado" de que el procedimiento no se había realizado conforme a la ley y si, en caso de ser conocedores de este extremo, hubieran autorizado las adjudicaciones, a lo que, según ha comentado, los testigos han respondido que "no" a ambas cuestiones.

Por su parte, la abogada del PSOE, Sandra Gómez, ha recalcado que la diputada del PP en el Congreso y exdirectora general de Feria Valencia Belén Juste, que estaba citada como testigo, durante las preguntas ha asegurado que "no recordaba nada". Precisamente Juste, a su salida de los juzgados, ha expresado que no podía decir nada porque había testigos que seguían declarando y que estaba "súper tranquila".

Junto a Juste han prestado declaración, a petición de la defensa del exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón --imputado en el procedimiento--, el empresario Juan Carlos Gelabert; el exdirector el Hotel Expo Antonio Mora; la exdirectora de Gama de Valencia Eventos y Congresos Gabriela Sales; Enrique Torres; el promotor turístico Vicente Blasco, y Pedro Campillo.

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Vicente Blasco ha explicado ante los medios de comunicación que a FTVCB se le presentaron los documentos del proyecto y "les pareció bien" porque "entraban dentro del presupuesto" de la entidad, por lo que dieron su conformidad. En esta línea, ha reconocido que como promoción de la ciudad de Valencia "estaba bien" y como se ajustaba al presupuesto no vieron ningún "inconveniente".

LAS TESTIFICALES CONTINÚAN EL SÁBADO

Para este sábado están citados otros ocho testigos: Luis García; el exsecretario general de Feria de Valencia Enrique Calomarde; el expresidente de Feria Alberto Català; el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando; el exdirector del Hotel Expo José Gallego; Manuel Ales; la exdirectora del Hotel Meliá Rey don Jaime Consuelo Garde; y la concejal de Cultura de Valencia, María Irene Beneyto.

Estas testificales constituyen una de las últimas diligencias que Castro prevé practicar en el marco del caso Nóos, cuyas investigaciones dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas. A través de ellas, tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.

En concreto, las tres ediciones del Valencia Summit tuvieron lugar en virtud de un convenio de colaboración y dos addendas posteriores suscritos entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos. Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.

Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.