Toda la oposición rechaza la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y pide su devolución al Gobierno

Estos partidos, que defenderán sus enmiendas de totalidad ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el jueves 16 de octubre en el Pleno del Congreso, coinciden en acusar al Gobierno de pretender acallar las protestas y los movimientos sociales que han surgido en los últimos años al calor de la crisis económica.

Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha venido defendiendo que el proyecto supone la vuelta al "viejo orden público franquista". "Es una ley para la tranquilidad del Gobierno y la intranquilidad de los ciudadanos de a pie porque traerá más multas a manifestantes pacíficos y a trabajadores que ejerzan su derecho a la huelga y a los sindicalistas que las organizan", ha avisado.

EVITA EL CONTROL DE LA JUSTICIA

Izquierda Plural también se opone a la que califica como "Ley Mordaza" porque a su juicio "aumenta las infracciones" ya existentes y "agrava las sanciones" de manera "desproporcionada" evitando el control de la Justicia. Denuncian que el objetivo es la "persecución de formas de protesta ciudadana pacífica" como "encierros, corte de vías públicas, escraches o manifestaciones ante sedes parlamentarias sin actividad". En definitiva, critican la intención del Gobierno de "perseguir el ejercicio de derechos fundamentales".

Para UPyD esta ley supondrá la "pérdida de garantías procesales de los ciudadanos" y, "lejos de suponer la supuesta despenalización de determinadas conductas, será un mecanismo de limitación de derechos de los ciudadanos". La formación magenta argumenta que "la aplicación conjunta de la Ley de Tasas Judiciales y de la de Seguridad Ciudadana supondrá un importante perjuicio para el ciudadano en su derecho al acceso a la Justicia y conseguirá que los ciudadanos no acudan a los tribunales en defensa de sus derechos".

Para CiU, es necesario reformar la ley, pero discrepa de la "filosofía" del texto del Gobierno. El PNV, además de apreciar un planteamiento inequívoco en el ámbito competencial, sostiene que se trata de "una ley represora de la contestación social en un contexto en el que hay más motivos que nunca para ejercer los derechos de libertad de expresión y manifestación", en palabras de su portavoz de Interior, Emilio Olabarria.

En opinión de Amaiur, la reforma es una "vuelta de tuerca más en el brutal ataque" al que, a su juicio, está sometiendo el Gobierno a las libertades políticas y civiles de la ciudadanía" con el objetivo de "prohibir cualquier tipo de disidencia social y política". En la misma línea, Geroa Bai critica su intención de "acallar toda aquella protesta ciudadana que le resulta incómoda".

INCORPORÓ RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el pasado 11 de julio con importantes modificaciones respecto al anteproyecto aprobado hace casi un año, al incorporar algunas de las recomendaciones de los órganos consultivos y organizaciones sociales.

El proyecto, que reforma la vigente norma de 1992, impulsada por el entonces ministro del Interior José Luis Corcuera, incluye entre sus aspectos más polémicos las multas por la perturbación del desarrollo de una manifestación. Además, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

Otra de las novedades es que la ley incluirá la necesidad de cumplir los principios de no discriminación y proporcionalidad en las identificaciones, evitando así legalmente las identificaciones masivas o por razones étnicas.

Además, los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva podrán ser trasladados a comisaría para su identificación y ser obligados a permanecer allí durante un máximo de seis horas. Se llevará un libro de registro que se remitirá al Ministerio Fiscal y se expedirá al retenido un volante acreditativo de su situación, el tiempo que ha permanecido y los funcionarios que han participado en la diligencia.