La fiscal del caso Trapur mantiene la acusación contra los exconcejales de Castro Dopico y Rodríguez

El exinterventor Fernando Urruticoechea afirma que durante el tripartito PRC-PP-IU, las Juntas de Gobierno eran "como un zoco"

La fiscal del caso Trapur, relacionado con la supuesta adjudicación irregular de los trabajos de desratización de Castro Urdiales durante la primera legislatura de Fernando Muruguruza como alcalde, ha mantenido su acusación contra los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK' y Elisa Dopico por tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación.

Dopico, a la que la fiscal también imputa un delito de cohecho por el polémico cheque de 1.000 euros que cobró de Trapur, se enfrenta a dos años y un mes de prisión, 27 años de inhabilitación y una multa de 203.000 euros. Para Rodríguez López la Fiscalía pide diez meses de prisión, 15 años de inhabilitación y multa de 200.000 euros. La tercera acusada, extécnico municipal de Sanidad, se enfrenta a siete años de inhabilitación por prevaricación.

El juicio, que comenzó el lunes en la Sección 1º de la Audiencia, ha llegado a su fin este jueves. La sesión ha comenzado con la declaración, a través de videoconferencia desde Murcia, del entonces interventor titular de Castro, Fernando Urruticoechea, quien ha dicho que en la época del tripartito PRC-PP-IU, las Juntas de Gobierno eran "como un zoco en el que todo se compraba y se vendía" y que "la magnitud de la ilegalidad en la contratación era extraordinariamente anómala".

La fiscal ha tildado de "sonrojante y vergonzoso" lo que pasó en esos años en Castro, donde en su opinión se utilizaba el dinero público "como si fuera privado", con un "abuso torticero e injustificado de poder" para "beneficiar" a la empresa del entonces compañero de Dopico y Rodríguez en el PP, Pedro Llamas, ya fallecido.

Ha añadido que al llegar a la Concejalía de Asuntos Sociales en junio de 2003, Dopico dio "orden directa y expresa" de dar a Trapur los trabajos de desratización y resolvió el contrato que había con otra empresa. La fiscal no cuestiona que hubiera un problema de salud pública con las ratas pero denuncia que se intentó solucionar de una forma "burda e ilegal", fraccionando el gasto de forma sistemática y regular para no superar los 12.000 euros que la legislación señalaba entonces como cuantía máxima para los contratos menores.

La fiscal ha agregado que Dopico hizo "caso omiso" a los "toques de atención" de la intervención, y ha recalcado que su "estrategia" de adjudicar "a dedo" los trabajos a Trapur hizo que la empresa aumentara sus beneficios de forma "considerable" mientras al Ayuntamiento le salía "más cara" la prestación del servicio de desratización al no someterlo a competencia y libre concurrencia.

"BURDA" VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

En relación a Rodríguez, ha opinado que "no fue tan burdo, se quitó de escena, delegó en una subordinada y trató dejar el menor rastro posible". Aún así, ha dicho que el expediente de contratación que terminó con la adjudicación del contrato a Trapur pese a que su oferta era "una de las más caras", es "una chapuza que raya en la ilegalidad más obscena", con una "burda" valoración de las ofertas.

Las defensas han pedido a la sala que no tenga en cuenta la declaración de Urruticoechea, cuya crediblidad consideran "en entredicho" y su testimonio "parcial, totalmente interesado y sin valor". El exinterventor municipal fue acusación popular en este proceso pero se le expulsó por no pagar la preceptiva fianza, lo que a su vez supuso el archivo de la causa contra el alcalde Muguruza, dado que el fiscal no presentó acusación contra él.

Las defensas también han alegado que los mismos argumentos que llevaron a la Fiscalía a solicitar el archivo de la causa contra Muguruza y que sirvieron de base a la Sección Tercera de la Audiencia para acordar su sobreseimiento, también deberían aplicarse a los exconcejales, puesto que las facturas de Trapur "tenían el dictamen favorable de las comisiones y contaban con la aprobación de la Junta de Gobierno Local".

Asimismo, han recordado que el Tribunal de Cuentas ha sobreseído el procedimiento contable determinando que no había responsabilidad del Ayuntamiento (el contrato de Trapur no fue objeto de este procedimiento), y haciendo constar que durante la legislatura 2003-2007 "se experimenta una clara mejora de la gestión".

La defensa de Rodríguez ha recordado que un concejal tiene obligación de conocer la ley pero "no es un gestor de expedientes"; ha alegado que tras la destitución de Dopico se encargó el propio alcalde de la Concejalía de Asuntos Sociales hasta abril de 2005 y que fue Muguruza quien autorizó el pago del grueso de las facturas por importe de 140.000 euros que Trapur giró en 2005 y que se atribuyen al exconcejal de Hacienda, Rodríguez 'KyK'.

Asimismo, ha defendido que el contrato lo adjudicó la Junta de Gobierno Local tras un expediente con resolución de la mesa de contratación que ningún licitador impugnó.

La defensa de Dopico ha recalcado que Trapur trabajó para el Ayuntamiento "antes, durante y muchos años después" del paso de su patrocinada por la Concejalía de Asuntos Sociales; que el cheque de 1.000 euros de Trapur fue por una "cuestión privada, el pago del vino español del PP de diciembre de 2003", y que la declaración del fallecido Pedro Llamas, que contradice la versión de Dopico -afirmó que le devolvió el dinero en mensualidades-, es "un testimonio contaminado" puesto que lo hizo como imputado y no como testigo.

"DECENAS DE FACTURAS CON SELLOS ROJOS"

El exinterventor Fernando Urruticoechea ha confirmado que tras las elecciones de 2003, y dado que el programa de los tres partidos que conformaron el equipo de Gobierno (PRC-PP-IU) se basaba en "la recuperación de la legalidad" tras varias legislaturas de mayoría absoluta del PSOE, impartió unos cursos de formación a los concejales, entre ellos Dopico y KyK, sobre distintas materias incluida contratación.

Ha añadido que pese a ello, las Juntas de Gobierno Local se convirtieron en un "zoco", con una tramitación "absolutamente incorrecta y totalmente desorganizada" en la que cada concejal llevaba expedientes "a su buen criterio" y muchos de ellos "sin informes técnicos y sin conformidad de la Intervención municipal".

Urruticoechea, que fue interventor titular de Castro de abril de 2001 a marzo de 2006 pero estuvo de baja de julio de 2004 a enero de 2006, ha afirmado que en el auto de procesamiento -al que ha tenido acceso por su condición inicial de acusación popular- hay "lotes" de facturas de Trapur, decenas de ellas "con sellos rojos de Intervención", y ha opinado el equipo de Gobierno "evitaba" llevar esos lotes a la Junta de Gobierno cuando él estaba de interventor.

Sobre el expediente de contratación, ha dicho que "se armó de una forma muy burda, con múltiples ilegalidades", sin fiscalización previa, sin presencia del interventor en la mesa de contratación y tampoco en la Junta de Gobierno en que se aprobó la adjudicación, en la que según ha denunciado se le prohibió la entrada.

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