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Suspendidas las competencias de la Consejería de Exteriores de la Generalitat

La Consellería de Exteriores de la Generalitat, una de las principales novedades del nuevo gobierno catalán, ha quedado suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. La máxima instancia  ha admitido a trámite el recurso presentado por el gobierno central, porque la política exterior es su competencia. Por el momento,  la actividad de la cartera que dirige Raül Rameva queda paralizada. El Constitucional tiene pendiente decidir si admite a trámite el recurso para paralizar la comisión de estudio del proceso constituyente promovida por el Parlament catalán.

El Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero aprobó la interposición de este conflicto de competencia al entender que la política internacional es competencia exclusiva del Estado, por lo que ningún órgano autonómico puede arrogarse el ejercicio de la misma.
El asunto no estaba en principio encima de la mesa del Pleno del TC iniciado este martes, si bien finalmente ha habido una adición al orden del día inicial y se ha aprobado la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno, que conlleva la suspensión automática de la competencia de la Consejería por al menos cinco meses, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto, según las mismas fuentes.
Los magistrados del Constitucional han dado cuenta de su decisión a la Fiscalía y escucharán al Ministerio Público y a la Generalitat antes de decidir si anulan la creación de departamento de Exteriores del Gobierno autonómico catalán, que ha incluido estas competencias dentro de su proceso de ruptura con España.
El Gobierno acude al tribunal de garantías con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y solicitó que se suspendiera el decreto por el que se crea ese departamento; entiende que, de seguir funcionando, "podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico".
El Gobierno considera que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado exige que las comunidades autónomas coordinen con el Gobierno cualquier actividad internacional que quieran desarrollar "dentro de sus competencias".
El Ejecutivo de Mariano Rajoy basa su recurso en que sólo el Estado tiene atribuciones en política exterior (artículo 149 de la Constitución), como el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro en diversas sentencias.