Tribunal de Cuentas insta a las Administraciones Públicas a adoptar medidas para mejorar la adjudicación de contratos

El Tribunal de Cuentas insta a las entidades estatales sometidas a la legislación de contratos del sector público a que adopten las "medidas necesarias" para asegurar el cumplimiento "más estricto" de los plazos de ejecución y las prórrogas de los contratos que adjudiquen y que, en el caso de haber incumplimientos, impongan los debidos castigos.

Así consta en el informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 por las citadas entidades estatales que este martes ha presentado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su intervención en el Senado en la Comisión Mixta para las relaciones con esta institución.

De este modo, el informe advierte, entre sus conclusiones "más relevantes", de que se han excedido los plazos legalmente previstos para las prórrogas, de la "gran frecuencia" con que se han realizado modificaciones contractuales "sin estar debidamente justificadas" y de "los significativos incrementos de los costes y de los plazos de ejecución de los contratos".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias que afectan a los criterios objetivos de valoración y a los sistemas de determinación del precio del contrato. Asimismo, se ha observado la ausencia de determinados informes técnicos y la falta de justificación de la necesidad de objeto de la contratación.

Por ello, el órgano fiscalizador recomienda que se lleven a cabo "con mayor rigurosidad" las fases preparatorias de la contratación, que estén debidamente justificadas las necesidades o la causas imprevistas que originan las modificaciones contractuales y que se adopten las medidas necesarias para asegurar un mejor cumplimiento de los plazos de ejecución y de las prórrogas y se castigue cuando sea necesario.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ENTES LOCALES

Durante la misma comisión el presidente del Tribunal de Cuentas también ha presentado el informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por las principales entidades locales --Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza-- durante los años 2005, 2006 y 2007.

Dicho informe pone de manifiesto, entre otras cosas, que algunas de las campañas analizadas "se alejaban de la finalidad de la publicidad institucional, al tratar de transmitir una valoración positiva de la actuación municipal". Es el caso, según ha destacado Álvarez de Miranda, de los ayuntamientos de Barcelona y Zaragoza.

"En el caso del Ayuntamiento de Sevilla se apreciaron deficiencias organizativas y procedimentales, especialmente en lo relativo a la gestión y tramitación de las facturas, si bien no se detectó duplicidad alguna en los pagos de los expedientes", ha añadido.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que se llevaron a cabo procedimientos contractuales que consistían en una restricción a la libre competencia, a través, por ejemplo, de la homologación de proveedores.