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Tribunal de Cuentas condena al exdelegado de Medio Ambiente de la Junta andaluza por el 'caso Cheques'

El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdelegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería Clemente García y al funcionario del departamento Miguel G.L. en el marco del conocido como caso 'Cheques' al considerar que son responsables de un alcance en los fondos públicos de la administración autonómica por importe de 182.470,21 euros que no han podido ser justificados y que se hicieron con cargo a una cuenta de la Delegación en la que sólo se podían recibir ingresos procedentes de los aprovechamientos de los montes de la provincia.
En concreto, el órgano declara a García Varela responsable contable directo por el pago de un total de 41.760 euros a un diario de tirada provincial por la publicación de ciertas informaciones, que no publicidad, mediante un cheque girado contra esta cuenta cuyos fondos estaban destinados al Fondo de Mejora Forestal.
Por otra parte, al funcionario Miguel G.L., quien deberá responder solidariamente junto al exdelegado de la anterior cuantía, le considera, asimismo, responsable contable directo por la cantidad de 140.710,21 euros que corresponden al cobro por ventanilla de 49 cheques al portador entre marzo y abril de 2009 que él mismo giraba con cargo a la citada cuenta y a otro cheque nominativo a favor de una empresa sin que conste justificación alguna de que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.
La sentencia, no firme y a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que Miguel G.L., funcionario adscrito al servicio de gestión económica, tuvo firma autorizada en la citada cuenta de aprovechamientos forestales desde el 10 de marzo de 1986 hasta el 22 de junio de 2010 y que Clemente Garcia, como delegado provincial entre el 21 de mayo de 2008 y el 27 de julio de 2010, estuvo igualmente autorizado en la cuenta de aprovechamientos forestales.
Estima probado, asimismo, que, desde el 2 de marzo hasta el 3 de abril de 2009 se produjeron salidas de fondos de la cuenta de aprovechamientos forestales por medio del pago en efectivo de 49 cheques al portador firmados por Miguel G.L., quien habría firmado asimismo un cheque nominativo entregado a una empresa para pago de las facturas expedidas por la misma los meses de noviembre y diciembre de 2008 y enero de 2009 sin que haya quedado acreditado que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.
El Tribunal de Cuentas indica, en esta línea, que el funcionario firmó el cheque nominativo por importe de 41.760 euros, expedido el 28 de abril de 2009 en favor de un diario de tirada provincial para pago de una factura expedida por este y cuyo concepto era 'Difus Espacios Proteg Almería' y que lo hizo por un contrato verbal en virtud del cual el delegado Clemente García encargó la publicación de una serie de publirreportajes sobre los espacios naturales protegidos de la Junta de Andalucía en Almería.
Asegura que fue García Varela quien ordenó que se efectuara su pago mediante cheque contra la cuenta de aprovechamientos forestales y que, a lo largo del procedimiento, no se ha acreditado que el citado medio publicara ningún publirreportaje debidamente identificado como tal, ni ningún otro contenido publicitario como contraprestación al pago realizado con el cheque por importe de 41.760 euros.
El órgano, que ha considerado acreditado un "daño" total en los caudales de la Junta de Andalucía de 182.470,21 euros, señala que los 49 cheques emitidos al portador fueron firmados por Miguel G.L. "como él mismo reconoció" en su primera declaración y como consta en el informe emitido por la entidad financiera, y remarca que fueron cobrados "personalmente" en ventanilla sin que exista "sin embargo, justificación alguna del destino de esos fondos, ni de que hayan sido reintegrados a la Junta de Andalucía".
Aprecia igualmente intencionalidad en la causación del daño y hace referencia en este punto a los informes elaborados por la Policía Judicial e incorporados a la causa que se sigue en vía penal por los mismos hechos en los que se evidencia que hay "correlación" entre el cobro de los cheques al portador y "diversos ingresos realizados en las cuentas personales" del funcionario condenado.
Con respecto al cheque nominativo por importe de 6.380 euros, encuentra que existió "como mínimo negligencia grave" ya que firmó un cheque para el pago de unos servicios cuya prestación "no había sido debidamente justificada", lo que "no se acomoda al exigente canon de diligencia que rige en materia de gestión de fondos públicos", además de infracción a la norma presupuestaria y contable al haber realizado disposiciones de fondos de la Junta "sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos".
"CAMPAÑAS ENCUBIERTAS DE PROPAGANDA"
En el caso del exdelegado de Medio Ambiente, la sentencia señala que admitió en el proceso que, en virtud de su cargo, "recibía a periodistas y responsables de publicidad que le ofertaban promocionar la labor de la Delegación" y que "decidió promover en los medios de comunicación los montes y espacios naturales de Almería porque se 'cuida más lo que se conoce'".
Aludió, asimismo, en su declaración Clemente García a "reportajes y artículos" publicados desde octubre de 2008 hasta finales de 2009 en un diario de tirada provincial y aseguró que a dichos trabajos se correspondían con la factura y el posterior pago de 41.760 euros.
El Tribunal de Cuentas concluye que "efectivamente" hubo una contratación de servicios publicitarios por la que se emitió factura que fue pagada con el cheque pero cuestiona que la prestación de los servicios contratados esté justificada ya que, según añade, "los reportajes y artículos que se aportan con referencias a la actividad de la Delegación Provincial y que recogen frecuentemente manifestaciones de Clemente García y de otros responsables de la administración andaluza no incluyen ninguna referencia que permita identificar de manera clara que se trata de un contenido publicitario".
"No cabe admitir por tanto que las publicaciones encajen con el concepto de publirreportaje puesto que nuestro ordenamiento jurídico sanciona como ilícita la publicación de informaciones con fines promocionales sin que quede claramente especificado que se trata de un contrato publicitario", subraya.
La resolución concluye que, incluso si se entendiera que el pago realizado corresponde a la publicación de estas informaciones, "tampoco cabría considerar debidamente justificado el pago puesto que no sería admisible que con fondos públicos se pagaran campañas encubiertas de propaganda de la actividad de las administraciones públicas ni que se realizaran pagos a los medios de comunicación a cambio de obtener un tratamiento informativo favorable".
VÍA PENAL
Por otro lado, la juez que instruye el caso 'Cheques' en vía penal dictó el pasado mes de diciembre el sobreseimiento de la causa con respecto al exdelegado Clemente García al no apreciar indicios de su participación en el ilícito penal.
El auto acordó continuar el procedimiento contra el funcionario del departamento Miguel G.L., quien irá a juicio con un tribunal de jurado por presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Cabe recordar que fue el empleado público quien, en una primera fase de la investigación, señaló tanto a García, ahora eximido, y al entonces secretario de la Delegación Provincial, para quien ya se decretó sobreseimiento.