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Tribunal de Cuentas abre procedimiento a 13 partidos para ver si les sanciona por irregularidades de financiación

El PP, el PSOE, IU, CiU y UPyD estaban citados en esos informes que ahora pueden acabar en sanción
El Tribunal de Cuentas ha confirmado que ha abierto procedimiento a 13 partidos y 24 fundaciones vinculadas a formaciones políticas para decidir si les sanciona o no por irregularidades en su financiación conforme a lo detectado en el último examen realizado por la institución fiscalizadora, correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011.
Así lo ha confirmado en el Congreso el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia para informar de medidas contra la corrupción.
Preguntado por el PP, el presidente del Tribunal de Cuentas se ha referido a la noticia publicada este miércoles por el diario El Mundo acerca de que la Fiscalía de la institución ha pedido abrir procedimientos sancionadores a formaciones políticas y fundaciones por infracciones en su financiación por un importe que podría superar los once millones de euros.
Álvarez de Miranda no ha cuantificado el volumen de la financiación de los partidos que está bajo sospecha, pero sí ha confirmado que "se ha abierto periodo e información previa sobre financiación de partidos políticos a un conjunto de 13 formaciones y 24 fundaciones".
15 DÍAS PARA PRESENTAR ALEGACIONES
Según ha explicado, a estos partidos y fundaciones se les ha dado un plazo de 15 días para que presenten sus alegaciones y a partir de ahí el Tribunal de Cuentas habrá de decidir sobre la apertura de expediente sancionador relacionado con "los hechos irregulares" descritos en los informes.
En su opinión, los hechos irregulares más importantes reflejados en su informe de fiscalización se refieren a las donaciones anónimas, prohibidas desde 2007, pero también ha destacado la no rendición de cuentas o la rendición de cuentas de manera incompleta.
El presidente del Tribunal de Cuentas no ha detallado por partidos a los que se está pidiendo explicaciones, pero su último informe del trineo 2009-2011, recogido por Europa Press, ya señalaba las deficiencias y ponía siglas a las mismas. Ahí se denunciaba que en los tres años volvía a donaciones no identificadas, que en 2011 alcanzaban los 176.297 euros atribuidos a la federación andaluza de IU y al Partido Aragonés (PAr).
También detectó donaciones de personas jurídicas de las que no se han facilitado el acuerdo del órgano social competente, como así ocurrió en 2011 con 60.000 euros recibidos por el PP y con 16.000 por CDC.
De la misma forma, en el informe se avisó de donaciones realizadas por personas jurídicas con contrato vigente con la Administración Pública (una incompatibilidad introducida en la ley de 2007) en tres formaciones en el ejercicio 2011: de 30.000 euros a CC, de 15.000 euros a PP y de 70.000 euros a Unió.
Además, el Tribunal también señaló donaciones en 2011 que no se ingresaron en cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza por importe de 325.291 euros (24.463 euros en IU y sus federaciones, 22.408 euros en el PSOE y 175.477 en el PSC). Por último, en el informe figuraban aportaciones cuya identificación no contempla alguno de los requisitos legales y que afectan a dos federaciones de IU (Comunidad de Madrid y Baleares) por 2.763 euros y a UPyD por valor de 1.096 euros.
FUNDACIONES BAJO VIGILANCIA
En cuanto a las fundaciones de los partidos, los incumplimientos legales detectados se referían a donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no existir abiertas cuentas específicas (361.247 euros en 2011) o donaciones que, a pesar de existir dichas cuentas, no han sido ingresadas en las mismas (61.561 euros en ese mismo año).
También hay ayudas procedentes de la formalización de convenios de colaboración del ejercicio 2009, suscritos por dos fundaciones por valor de 418.754 euros y 213.650 euros, que se estima tiene la naturaleza de donación y cuyos importes superan el límite legal previsto para las aportaciones individuales, así como donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se ha dispuesto del acuerdo del órgano social, lo que supone 958.850 euros en 2011.
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas ha comentado que la fiscalía de la institución está dirigiendo "otras iniciativas" para reclamar responsabilidades a aquellas formaciones políticas que no presentaron las cuentas o que lo hicieron "con graves deficiencias". Aunque todavía no hay decisión sobre estas actuaciones, espera que acabe de forma "parecida".
En cuanto a la prescripción o no de estas irregularidades, habida cuenta de que el informe se remonta a 2009, Álvarez de Miranda ha precisado que, cuando presentó ese informe a las Cortes, ya se comprometió a que el Tribunal iba a hacer "todo lo posible" para analizar la situación y actuar, que es lo que ahora ha hecho.