El Tribunal Supremo recibe una demanda de paternidad contra el Rey Juan Carlos

Los magistrados estudiarán un asunto que afecta a la esfera privada del Rey Juan Carlos, quien, según el recurrente Alberto Solá, mantuvo una relación con su madre biológica Anna María Bach Ramon antes de ser proclamado jefe del Estado. Solá, nacido en Barcelona en 1956, fue criado en una familia adoptiva.

La Sección número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar en septiembre una vista en la que deliberar sobre el recurso de de apelación presentado por el abogado de Solá, Francesc Bueno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de archivar este caso por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces jefe del Estado español.

El abogado amplió sus alegaciones tras la abdicación de don Juan Carlos y la Audiencia de Madrid elevó la causa al Tribunal Supremo tras los "términos rotundos" de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos "inmediatamente" al alto tribunal.

La Audiencia de Madrid acordó así la semana pasada la remisión de este caso a "la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que es la competente para conocer de la acción referida", según el auto, del que fue ponente el magistrado José Ángel Chamorro.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El abogado Francesc Bueno defiende los derechos de su cliente, quien se reivindica como primogénito del monarca, y alude a la jurisprudencia que determina que la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución "no sería extensible a la esfera civil o jurídico privada" y solo protegería los "actos que realizó fruto del ejercicio de sus funciones como Rey".

"El blindaje de la inviolabilidad o inmunidad o prerrogativas que se pueden conceder al señor de Borbón y Borbón Dos Sicilias, si bien pueden ser muy loables, únicamente deberían abarcar los hechos que este realizó en el ejercicio de sus funciones y no amparar conductas que este pudo realizar en su esfera jurídico privada", recoge el escrito.

Dicho esto, Bueno precisa que cuando Solá fue concebido don Juan Carlos "no ostentaba título alguno de la monarquía" y que el aforamiento no debería privar a su representado de "todas y cada una de las garantías que ostenta por mandatos legales y constitucionales".

En su demanda, Solá esgrimía una prueba de ADN confrontada por un antiguo perito del CESID que apoyaba la paternidad del Rey con "una fiabilidad superior al 99.99 por ciento". "Dicho documento, si bien no es reciente, llegó a las manos de mi defendido hace escasas dos semanas proveniente de una persona cercana a él", añade el escrito, para concluir reclamando que, si esta prueba no fuera admitida debería realizarse otra y llamar como testigo al citado perito, que se identifica con nombre, apellidos, dirección y número de colegiado.