La UCO incautó un arma de fuego en el domicilio de un responsable del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó al administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa), Adolfo Fernández Maestre, un arma de fuego careciendo de licencia y 100.000 euros en los registros realizados el pasado mes de mayo en el marco de la trama Púnica y en relación con la investigación de las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en la empresa pública Arpegio.

Según el atestado policial de la UCO entregado al entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco --ahora en la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial-- y que obra en el sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes realizaron la entrada y registro de varias entidades públicas relacionadas con la Comunidad de Madrid --entre ellos Arpegio, Nuevo Arpegio, Dusa--, así como los despachos y domicilios de responsables de las mismas, los días 16 y 17 de mayo.

En concreto, en el registro practicado en el domicilio del encargado de gestionar las licitaciones públicas del Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid (PRISMA) en 2006 y 2007, la Guardia Civil encontró un arma de fuego "que carece de guía de pertenencia o libro de coleccionista".

El informe apunta que no existía un certificado de inutilización de dicha arma y que además Fernández Maestre no posee licencia que ampare su tenencia, por lo que solicitaron al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la ampliación del mandamiento judicial de requerimiento de documentación para poder incautar la misma.

DÓLARES AMERICANOS EN UNA BOLSA DE VIAJE

Asimismo, los agentes de la UCO requisaron unos 100.000 euros que ingresaron en la Cuenta de Consignaciones del juzgado de instrucción. Precisamente, en casa de Fernández Maestre encontraron en metálico 15.400 euros y 3.840 dólares americanos, además de los 82.500 euros que se encontraban depositados en una caja de seguridad de la entidad bancaria Bankia cuya titularidad es del responsable de Dusa y su mujer, Sagrario Gómez.

Según dice una nota manuscrita en el acta de entrada y registro, uno de los agentes anota todo los documentos, elementos y dinero incautado, así como que Fernández Maestre les informó de que tenía una caja fuerte guardada en un armario y que abrió "voluntariamente". En esta caja encontraron, junto a joyas la cantidad de 15.400 euros repartida en 274 billetes de 50 euros, 8 billetes de 100 euros, 2 billetes de 200 euros y 1 billete de 500 euros.

Por otro lado, en un sobre de Bankia en el interior de una bolsa de viaje se encontraban 30 billetes de 100 dólares, 16 billetes de 50 dólares y 2 billetes de 20 dólares que suman la otra cantidad incautada.

INTERVENCIÓN EN "TRATOS DE CORRUPCIÓN"

"Existen indicios de que intervino en tratos de corrupción", en su condición administrador de la sociedad contratista encargada de la gestión integral de las licitaciones del Plan Prisma, señala la UCO que le investiga de ser cooperador necesario desde su "posición de particular" de participar presuntamente en los delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración Pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de Influencias, infidelidad y violación de secretos, prevaricación, falsificación, asociación ilícita, grupo criminal y blanqueo.

El juez Eloy Velasco, que inició la instrucción del 'caso Púnica' en octubre de 2014 y que ahora continua el magistrado Manuel García-Castellón, ordenó estos registros para obtener información relacionada con la etapa en la que ejerció Francisco Granados ----en libertad desde el pasado 14 de junio tras pasado más de dos años y medio en la prisión madrileña de Estremera-- como presidente de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio).

Otros de los registros que tuvieron lugar en esas fechas fue el despacho del exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz, que dimitió tras conocerse su investigación en esta trama.