La UCO advierte de que las prescripciones de los ERE "podrían afectar" a las conclusiones de otros atestados

En un oficio elevado al Juzgado el día 15 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO relata que, en el marco del caso ERE, "actualmente se están realizando varios atestados a través de los cuales se analizan las subvenciones que la Administración andaluza concedió a diferentes empresas y colectivos de trabajadores, y que son objeto de la referida causa".

En este sentido, la UCO pone de manifiesto que, "en relación a los hechos que pudieran haber constituido un delito, y que se hubieran podido cometer durante la tramitación y concesión de las referidas subvenciones", ha tenido conocimiento de la existencia de una "sentencia" de la Audiencia Provincial que "podría afectar a las conclusiones que en los atestados policiales se están reflejando con objeto de las posibles responsabilidades que pudieran aflorar en varias personas físicas, y más concretamente a la prescripción de algunos hechos supuestamente delictivos".

Por todo ello, la UCO solicita a la magistrada que, "a la mayor brevedad posible, y para la correcta valoración de los hechos que a través de los mencionados atestados se están intentando esclarecer, se facilite" una copia de la referida "sentencia" dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, algo a lo que ha accedido la juez en una providencia dictada el 28 de marzo y consultada por Europa Press.

Hay que recordar que, tras el auto de la Audiencia, la juez María Núñez Bolaños archivó la causa abierta el 6 de febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra 12 imputados --uno ya fallecido-- por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.

EL AUTO DE LA AUDIENCIA

En un auto fechado el 15 de marzo, la instructora archivó la causa contra estas 12 personas atendiendo así la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo de 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.

En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia estimó los recursos presentados por José Manuel Prieto Guerra, presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico, que fue imputado por la ayuda de 180.303,63 euros concedida en mayo de 2002, y por Luis García García, presidente de la cooperativa Virgen de Belén y secretario de organización del PSOE de Las Navas de la Concepción, por la ayuda de 270.455,44 euros concedida a dicha empresa.

Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretan en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la juez Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que prestaron declaración este miércoles ante el juez Álvaro Martín.

CITA A DECLARAR A DOS INTERVENTORES ADJUNTOS

De otro lado, y en la providencia referida de 28 de marzo, la juez ha citado a declarar el día 2 de junio como testigos-peritos a Luis Hinojosa Gómez, interventor adjunto del interventor general desde el 7 de junio de 2000 hasta la actualidad, y a Teresa Arrieta Viñals, interventora adjunta al interventor general de la Junta desde el 23 de mayo de 2005 hasta la actualidad.

Fue el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez quien solicitó a la juez que citara a declarar a ambos al entender que estas comparecencias son "útiles y necesarias" para su defensa en el caso ERE, donde fue imputado por la juez Mercedes Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

En este sentido, Manuel Gómez Martínez considera que "los extremos sobre los que versarían las referidas declaraciones testificales serían, de un lado, sobre la actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía en el ámbito de la función interventora, y de otro, sobre la actuación de ésta en el ámbito del control financiero de subvenciones".