La UDEF señala al ex alto cargo de la Junta Jacinto Cañete como "intermediario" de Magtel

Este informe de la UDEF se encuadra en la investigación que comanda la juez Patricia Fernández Franco desde el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, en torno a la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis, participada por Magtel, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar.

Las diligencias parten de una denuncia de Emerita-Forbes Manhattan, que concurrió sin éxito al concurso convocado por la Junta de Andalucía para ofertar los derechos de explotación de esta mina y que acusa a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude.

La juez, con esta denuncia sobre la mesa, ha apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación porque la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, mientras el Gobierno andaluz esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho".

PIEZA SEPARADA

Pues bien, en el marco de esta investigación judicial, y a raíz de nuevas denuncias de Emerita-Forbes Manhattan, la juez Patricia Fernández Franco ha ordenado abrir nuevas diligencias previas contra el grupo andaluz Magtel, por un posible delito de tráfico de influencias, según un auto emitido el 27 de mayo y recogido por Europa Press.

La juez se basa para ello en un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, según el cual merced a las denuncias promovidas por Emerita-Forbes Manhattan, trasciende "cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía". En concreto, alude el informe a ayudas por valor de 23,59 millones de euros en favor de Magtel entre 2009 y 2015, así como 28,26 millones de euros "en concepto de préstamos".

Pues bien, el mencionado informe de la UDEF, recogido por Europa Press, dedica un capítulo entero a Jacinto Cañete Rolloso, quien a lo largo de su trayectoria profesional ha sido director de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Andalucía; director general de Investigación, Tecnología y Empresa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); y consejero en entidades como la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones; la sociedad de Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía (Invercaria) o el parque Científico y Tecnológico Geolit, entre otros cargos desempeñados en la administración pública andaluza y las entidades participadas por la misma.

AL ÁMBITO PRIVADO

Tras su paso por la administración pública, Jacinto Cañete Rolloso figura desde 2013 como "apoderado solidario" de la consultora y auditora de cuentas Pricewaterhouse Coopers.

De cualquier manera, para "agilizar" los trámites necesarios para que la Junta de Andalucía devolviese tres millones de euros a un fondo de inversión ligado con Magtel, dada la resolución favorable a la empresa de un litigio contencioso administrativo, dinero que redundaría finalmente en la empresa cordobesa, Magtel habría "recurrido" a Jacinto Cañete Rolloso para que "intermediase ante la administración pública".

"Como contrapartida por este favor, se urde un plan que satisfaría a ambas partes", dice el informe, según el cual por aquellos tiempos una de las sociedades del grupo empresarial Magtel habría concedido un "préstamo participativo" de 750.000 euros a la sociedad Farebus, sumida en un concurso de acreedores, merced a un "plan de viabilidad" que pronosticaba su "recuperación", plan de viabilidad elaborado "curiosamente" por Pricewaterhouse Coopers con Jacinto Cañete Rolloso con apoderado solidario.

"La inversión de Magtel parece cuanto menos ilógica, ya que al entregar 750.000 euros en el momento en el que lo hizo a una empresa en situación concursal, se sabe con un alto grado de probabilidad que ese dinero no se va a recuperar a través del concurso", argumenta el informe.