UGT-A asegura que "no existe la más mínima sospecha" de un desvío de fondos para "enriquecimiento personal"

En una nota en referencia a las diligencias previas 5072/13 que se instruyen en el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla por un posible fraude en subvenciones por parte de UGT de Andalucía, la organización sindical solicita "respeto" al trabajo de los tribunales de justicia y al principio de presunción de inocencia.

Critica "la campaña denigratoria" que pretende un juicio paralelo a la organización y solicita su "inmediato" cese a los responsables de los medios de comunicación que la sostienen. Por otro lado, UGT-A pone en conocimiento de la opinión pública que, "por lo que ha podido conocer", "no existe la más mínima sospecha de que se hubiera producido un desvío de fondos para enriquecimiento personal", siendo investigadas irregularidades en la gestión de subvenciones, similares a las detectadas por instituciones oficiales de control presupuestario también en otros agentes sociales y que pudieran ser resueltas en sede administrativa.

"Si en el futuro fueran detectados comportamientos ilícitos, será UGT-A quien primero interesara su sanción", ha resaltado. Precisamente por ello, y ante las informaciones de que pudieran haberse cometido irregularidades graves en la gestión de la anterior dirección, ya se asumieron responsabilidades políticas dimitiendo el anterior Secretario General, Francisco Fernández Sevilla.

"UGT-A ha ejecutado todos los programas de formación subvencionados de forma estricta y rigurosa. En ninguna de las innumerables informaciones sobre el uso de las subvenciones por UGT-A hay la menor insinuación de que no se hayan ejecutado todos los cursos de formación subvencionados, a diferencia de lo que sí parece que ha ocurrido en relación con otras informaciones referidas a ayudas de formación a empresarios en Madrid, Málaga y otros lugares", ha comparado.

GASTOS IMPUTADOS A SUBVENCIONES, "NO ES ILEGAL"º

En relación con la información de que los gastos del sindicato se imputaban a subvenciones, UGT-A explica que "ese hecho así planteado no es ilegal, pues la normativa sobre subvenciones y cada una de las convocatorias recogen que los llamados gastos asociados, necesarios para la gestión y buen fin de la subvención, son imputables con un límite, que según convocatoria oscila entre el 10 y el 20 por ciento".

"Cuando se hace mención a la existencia en UGT-A de una unidad de justificación de subvenciones, sus costes son perfectamente imputables a las subvenciones que esa unidad justifica. No hay nada ilegal en la imputación de gastos de estructura vinculados a la gestión de las subvenciones, hasta el límite señalado en cada convocatoria", ha añadido.

En este sentido, incide en que en UGT-A "no cabe manejo ni utilización de facturas falsas, por lo que de acreditarse que en algún supuesto se ha falseado alguna factura, quien lo haya hecho será responsable y deberá responder por ello". "Pero los casos que se están refiriendo no se trata de facturas falsas, ni falseadas, sino de ajustar sus conceptos a los requisitos formales que exigen las convocatorias de subvenciones", ha aclarado la organización sindical.

En relación a los rápeles comerciales, precisa que son "una figura utilizada de forma muy generalizada en el ámbito de las relaciones comerciales, en función del volumen de contratación con proveedores, y como tal perfectamente legal". "Distinta puede ser la valoración cuando una parte de la contratación con proveedores lo es con fondos públicos", añade a este respecto.

En este punto "por parte de UGT-A, según parece haber declarado el ex secretario de Administración de UGT-A en el Juzgado y dado que los rápeles se perciben más de un año después de la emisión de factura, se hizo la oportuna consulta", ha recordado, por lo que "cabe deducir que no ha habido actitud de ocultamiento a la Administración".

Por otro lado, UGT-A ha indicado que en cuanto a los saldos de proveedores, llamados 'botes', "según se ha informado el ex secretario de Administración ha explicado que la implantación del programa Spyro como sistema de control obedeció a que era necesario porque los saldos de proveedores se ocasionaban por las deudas que permanentemente la Junta de Andalucía tenía con UGT-A, de manera que como ha dicho en 2012 la Junta le adeudaba 8,4 millones de euros, pero que el sindicato tenía que financiar con pólizas de crédito y justificar que había pagado todo el dinero de la subvención, aunque no se hubiera recibido su importe total de la Administración".

"El programa Spyro se implantó, según ha declarado, para coordinar la contabilidad con las justificaciones, pero nunca para tener doble contabilidad, que ni ha existido ni existe, frente a lo que se ha dicho en algunos medios", ha asegurado UGT-A.

RESPUESTA ANTE "DIFAMACIONES"

Con respecto a algunas informaciones sobre este caso, "esta centenaria organización utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para dar respuesta a quienes persistan en su difamación o se empeñen en proceder a su desprestigio y aniquilación moral".