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UPyD insta al Gobierno a regular sueldos políticos, recortar gasto electoral y eliminar 'pinganillos' del Senado

El grupo parlamentario de UPyD ha aprovechado sus enmiendas a los Presupuestos Generales de 2015 para reclamar una regulación de los sueldos de los cargos políticos, un recorte de los gastos electorales, una reducción del presupuesto de las Cortes Generales y la supresión de los servicios de traducción de lenguas autonómicas.
En concreto, la formación magenta apuesta por rebajar en 87,72 millones los gastos electorales, dejando 100 millones en dicha partida, y por reducir otros tres millones del presupuesto de las Cortes Generales alegando que quitar un 10% del gasto de oficina no causaría daño a ninguna de las dos Cámaras.
Además, vuelve a proponer la erradicación de la subvención del mailing electoral y exige que en seis meses se regulen las ayudas que los parlamentos autonómicos y corporaciones locales dan a los grupos políticos, que actualmente no tienen límite y generan "enormes diferencias" entre unas instituciones y otras.
Respecto al Senado, lamenta que "en la actual situación de crisis económica y recortes se siga manteniendo, de manera incomprensible, el gasto en traducciones simultáneas en el Senado", que supone unos 6.000 euros por sesión y que requiere una partida global de 345.000 euros que UPyD exige suprimir.
LOS EXPRESIDENTES DEBERÁN ELEGIR
Igualmente, propone vía enmienda hacer incompatible el cobro de la pensión de los expresidentes del Gobierno con otro sueldo privado o público derivado de actividades profesionales, lo que en la práctica obligaría a elegir a Felipe González y José María Aznar entre la asignación públicas y sus puestos en Gas Natural y Endesa, respectivamente. Según explica UPyD, se trata de "asegurar un nivel de renta apropiado a los expresidentes pero evitando que estén cobrando retribuciones de fondos públicos cuando por su actividad privada mantienen un nivel de renta superior a ese umbral".
Y en otra enmienda emplazan al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de Ley que establezca un sistema o régimen general retributivo de los cargos políticos electivos que sea "sencillo, transparente, racional, coherente y objetivo, diseñado bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno de los cargos públicos en las distintas instancias de la administración territorial del Estado, inclusive Comunidades Autónomas y Administración Local". Es decir, que ningún cargo político local cobre más que el presidente del Gobierno de la Nación.
Por otro lado, la formación magenta insiste en la necesidad de equiparar las condiciones salariales de policías y guardias civiles a las retribuciones de las escalas homólogas de la policía autonómica que esté mejor retribuida en el Estado, a la vez que reitera sus tradicionales apuestas por fusionar ayuntamientos y eliminar las diputaciones provinciales.
Igualmente, propone destinar 6,37 millones de euros para infraestructuras de la Policía y otros 6,7 millones para acondicionar cuarteles de la Guardia Civil. Además, otros 10,8 millones para mejorar la seguridad e instalaciones de centros penitenciarios y 17,6 millones para aumentar el número de policías y agentes de la Guardia Civil.