UPyD exige explicaciones a la Infanta: "Le pagamos su educación y nuestra inversión ha sido ruinosa"

Lozano replica así a las palabras de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución de 1978 y actualmente abogado de la hija menor del Rey, en las que aseguraba que la infanta quiere que se haga justicia en torno al caso que afecta a los Duques de Lugo.

En un artículo publicado en El Confidencial y recogido por Europa Press, Lozano sostiene que si Cristina de Borbón quiere decir algo, debe ser para dar una explicación a los ciudadanos porque son "perjudicados directos" de sus actividades y ella es "una infanta de España". "Cuando un juez (José Castro) puede llenar más de 220 páginas con indicios de dos graves delitos, no sólo hay que comparecer ante él, sino ante los ciudadanos --escribe--. Nos debe una explicación".

La diputada de UPyD recuerda que cuando se imputa un supuesto fraude fiscal significa que la infanta "debía haber pagado en impuestos y no lo ha hecho". "Como lo de los impuestos va a escote, lo hemos abonado los demás", añade.

Pero también subraya que el dinero supuestamente defraudado "procedía originariamente de actividades extractivas de su marido en las Administraciones Públicas autonómicas", con lo que se pone de manifiesto que "el mismo dinero se puede robar varias veces".

LA FISCALÍA, UNO DE SUS DOS ABOGADOS

"Presuntamente todo, claro, salvo una cosa: durante años le estuvimos pagando una educación de Infanta -con dinero público- para que representara a España con dignidad. Nuestra inversión ha resultado ruinosa, y por ello también merecemos una explicación", concluye.

Irene Lozano aprovecha también para cuestionar que la infanta esté disfrutando de "dos abogados defensores", pues al citado Miquel Roca se añade a la Fiscalía. "Los contribuyentes somos perjudicados directos --insiste--. Sin embargo, como la infanta Cristina tiene dos abogados defensores y uno de ellos es el fiscal, nosotros nos vemos desamparados. No es broma".

Por último, lamenta que el expresidente balear y exministro Jaume Matas, a quien tacha de "delincuente convicto", no vaya a entrar en la cárcel mientras el Gobierno decide su indulto. "¿Qué significa esto? Que el Gobierno no sólo tiene la facultad de indultar, lo que ya sabíamos, sino también la de decidir si una sentencia se ejecuta --apunta--. Los mecanismos de impunidad se acumulan: aforamiento, control de los órganos judiciales, indulto, paralización del indulto, uso espurio de la fiscalía, doctrina Botín".